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  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº3 2009   ISSN 1698-739X Castellano / EnglishVeure última edició Abogares
  Editorial (1 de 2) Següent 
  Punts de millora
Pablo Salvador Coderch 17/07/2009

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  Dret Privat / Dret Català / Dret de la Persona i Família / Dret Comparat / Dret Processal / Dret Penal / Dret Constitucional   Els més llegits / Tots / Aquesta edició 3.09 / Històric /
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3.09  
Contra la armonización positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la Competencia
Jesús Alfaro Águila-Real 17/07/2009

Este trabajo cuestiona la conveniencia de una armonización positiva del Derecho de la Competencia en el seno de la Unión Europea. El Libro Blanco de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (2008) pretende solucionar un problema inexistente: la aplicación insuficiente por los jueces y los particulares del Derecho de la Competencia. Sin embargo, la Comisión europea descuida el verdadero problema: la falta de aplicación de la normas sobre defensa de la competencia por parte de las autoridades tanto nacionales como comunitarias.

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3.09  
80 casos de Derecho de daños (2004-2008)
Sonia Ramos González
Ignacio Marín García
Rosa Milà Rafel
Carlos Alb. Ruiz García
Esther Farnós Amorós
Laura Alascio Carrasco
Antonio Fernández Crende 17/07/2009

InDret presenta, por quinto año consecutivo, una selección de cuarenta sentencias sobre responsabilidad civil dictadas por el Tribunal Supremo que tratan cuestiones centrales del derecho de daños. El lector también encontrará en este trabajo las selecciones de 2004, 2005, 2006 y 2007 publicadas en números anteriores.

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3.09  
Los pactos parasociales de todos los socios en Derecho español. Una materia en manos de los jueces
Mª Isabel Sáez Lacave 17/07/2009

Los pactos parasociales constituyen en España una de las materias que más conflictividad presenta en el derecho de sociedades, particularmente en relación con sociedades cerradas. Tres recientes sentencias del Tribunal Supremo atestiguan este juicio. La cuestión es importante, porque constituye una práctica habitual y racional en la vida societaria, y la incertidumbre es mala consejera de la actividad empresarial. La tesis que se defiende es que los pactos parasociales de todos los socios componen ­junto con los estatutos­ el contenido contractual de la sociedad. De hecho, en gran medida, los pactos parasociales contienen las reglas de gobierno corporativo de estas sociedades, que vienen a regular las relaciones entre los socios pactadas por unanimidad. Desde esta perspectiva, la absoluta separación dogmática entre el derecho de sociedades y el derecho de obligaciones debe ser revisada.

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3.09  
Los contratos ilegales en el derecho privado europeo
Francisco J. Infante Ruiz
Francisco Oliva Blázquez 17/07/2009

Todos los ordenamientos jurídicos europeos prevén normas relativas a la ineficacia de los contratos contrarios a la ley, la moral o buenas costumbres (bonos mores, bonnes moeurs, gute Sitten) y el orden público (ordre public, public policy). Con ellas se sancionan tanto los contratos "prohibidos por la ley" como también los contratos "contrarios a la moral o al orden público". Si bien la terminología y la técnica legal varían de un lugar a otro, el principio es siempre el mismo: el derecho declara la invalidez o ineficacia de los contratos contrarios a los principios fundamentales de la moral o del orden público, así como aquellos que se oponen a las leyes imperativas y prohibitivas. El presente estudio abarca tanto el derecho comparado como el derecho español, así como el moderno derecho de la contratación (PECL y DCFR). En este trabajo se defiende la tesis de que los diferentes conceptos empleados en los diversos ordenamientos europeos para sancionar la ilegalidad o la ilicitud son funcionalmente equivalentes. Igualmente, se demuestra que las soluciones aportadas por los diferentes niveles de regulación estudiados (derecho comparado, derecho español y derecho privado europeo) para la determinación de las efectos jurídicos de los contratos ilegales e inmorales son muy similares; hay muchas más convergencias que divergencias y, en este sentido, tanto los PECL como el DCFR son un buen ejemplo de lo primero.

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3.09  
Inmigración, Derechos Humanos y Política Criminal: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?
Margarita Martínez Escamilla 17/07/2009

La política migratoria española y europea acude cada vez con más frecuencia y con mayor dureza al castigo y al poder coercitivo del Estado. Se trata de un uso que en muchos casos excepciona principios básicos del ius puniendi, socava el Estado de Derecho y conlleva graves lesiones de los derechos fundamentales y humanos de los migrantes. El presente artículo aborda esta realidad a través del análisis de piezas clave de esta política como, por ejemplo, el delito de favorecimiento de la inmigración, el denominado "delito de solidaridad", la privación de libertad que prevé la Ley de Extranjería y los Centros de Internamiento de Extranjeros. También se pondrá de relieve cómo la respuesta penal se hace depender de la situación administrativa del inmigrante en una nueva manifestación de la utilización del Derecho penal como un instrumento de contención y represión de la inmigración irregular.

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3.09  
Doble filiación paterna de gemelos nacidos en el extranjero mediante maternidad subrogada
Ana Quiñones Escámez 17/07/2009

En torno a la RDGRN de 18 de febrero de 2009

Las páginas que siguen se centran en los aspectos de Derecho internacional privado que plantea la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) del pasado 18 de febrero. La resolución estima el recurso interpuesto contra el auto del Encargado del Registro Consular, y ordena la transcripción en el Registro Civil español de los certificados de nacimiento extranjeros que establecen la doble paternidad de unos gemelos nacidos de una madre subrogada en California. Una vez examinada la cuestión resuelta por la DGRN, trataremos las no resueltas y los métodos de DIP concurrentes para resolverlas (leyes de policía, conflicto de leyes y reconocimiento de documentos públicos, decisiones judiciales y situaciones jurídicas). Se hará hincapié en la relación existente (causa-efecto) entre la decisión judicial y el certificado de nacimiento como título (artículo 83 RRC). A continuación, se tendrán en cuenta los límites internacionales que prevén algunas legislaciones nacionales para evitar la creación de situaciones claudicantes, válidas en el país que se crean, pero no en el país del reconocimiento. Se destacará, aquí, el fraude a la jurisdicción (forum shopping) y el "fraude a los conflictos de calificaciones". Ambos aspectos son relevantes, pues es la voluntad de las partes a partir del contrato de maternidad subrogada la que permite atraer la cuestión de la filiación ante los tribunales (y la ley) del país donde la práctica médica se realiza y van a nacer los menores. A modo de conclusión, analizaremos el papel de la cláusula del "interés superior del Niño" (norma supra-nacional) y el "interés de los niños" in casu.

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3.09  
Interpretación y determinación del alcance de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini 17/07/2009

Una de las cuestiones fundamentales a la que debe responder la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña es la de sí es conforme con la Constitución que un Estatuto de Autonomía determine, con ocasión de atribuir competencias a la Comunidad Autónoma, el alcance de las competencias reservadas al Estado por la propia Constitución. La Constitución que sí fija las materias de competencia estatal, no especifica directamente el contenido o alcance de tales materias. Ello supone que el alcance de las materias atribuidas al Estado requiere de interpretación. Interpretación que, ciertamente, le puede corresponder hacer en primera instancia y de modo preliminar al legislador estatutario en trance de atribuir competencias a la Comunidad Autónoma. Interpretación ésta del legislador estatutario que, sin embargo, no puede vincular al legislador estatal, pues las competencias del Estado no son renunciables, y por supuesto no puede vincular a aquel que en nuestro sistema constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional.

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