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  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inici Abogares
 
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1.05  
Comentarios prácticos a la LEC
Esther González Pillado
Pablo Grande Seara 01/02/2005

Arts. 13, 14 y 15

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2.13  
La esencia (moral) de lo injusto en los delitos de cuello blanco
José Ramón Agustina Sanllehí 25/04/2013

Recensión a Stuart P. GREEN, Mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno. Una teoría moral de los delitos de cuello blanco, Marcial Pons, 2013.

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4.02  
Canvi de via. Interlocutòria de la Sala de Conflictes de Competència del Tribunal Suprem de 17 de desembre de 2001
Carlos Gómez Ligüerre 15/10/2002

El 17 de desembre de 2001, la Sala Especial de Conflictes de Competència del Tribunal Suprem dictà una interlocutòria que dóna notícia d’alguns dels problemes que planteja el sistema vigent de repartiment d’assumptes entre ordres jurisdiccionals potencialment competents per resoldre un plet de responsabilitat civil extracontractual.

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4.06  
Règim jurídic de la Propietat Horitzontal en el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. Anàlisi comparativa amb la Ley de Propiedad Horizontal
Pere Yúfera Sales 20/10/2006

En aquest article es compara la nova regulació catalana en matèria de propietat horitzontal amb la Llei de Propietat Horitzontal espanyola, amb ocasió de l'aprovació del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol. Es destaquen les diferències més importants, així com les novetats més rellevants i, finalment es fa balanç dels canvis que introdueix la llei catalana en el règim jurídic de la propietat horitzontal.

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4.09  
Minoría de edad y cómputo del plazo de diez años para la adquisición de la vecindad civil por residencia
Isabel Viola Demestre 13/10/2009

Comentario a la STSJC 1/2009, de 12 de enero de 2009

Comentario de la STSJC 1/2009, de 12 de enero de 2009, en el cual se aborda la cuestión de si en el cómputo del plazo de 10 años para la adquisición de la vecindad civil por residencia se puede o no incluir el tiempo en que el interesado es menor de edad, a propósito del artículo 225.2 del Reglamento del Registro Civil.

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3.14  
Desarrollo y validación de una escala para medir la confianza en los tribunales
Esther Fernández Molina
David Vázquez Morales 23/07/2014

A lo largo de los últimos años, en numerosos puntos de la geografía mundial la insatisfacción ciudadana con el sistema de justicia parece haberse convertido en una constante, más acentuada aún si cabe en el caso de instituciones alejadas de la cotidianidad de la ciudadanía como son los tribunales penales. Dado el importante papel que ha mostrado la confianza en la configuración de expectativas ciudadanas que permiten estimular la cooperación y el cumplimiento voluntario de la Ley, su restitución se ha instalado como un tema prioritario en la agenda política de los gobiernos de la mayoría de los países. A pesar de ello, en el ámbito europeo aún es muy escaso el conocimiento que se tiene acerca de las bases y el comportamiento de la confianza en los tribunales penales. El presente estudio, empleando la base de datos la Quinta Edición de la Encuesta Social Europea (2010-2011) propone y valida, mediante la técnica del Análisis Factorial Confirmatorio, una escala de medición de la confianza en los tribunales partiendo de los componentes que la evidencia empírica ha otorgado un mayor peso en la configuración de esta, permitiendo proporcionar un índice que muestra los diferentes niveles de confianza en la justicia de los distintos países europeos.

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2.16  
Legislador y derecho fundamental al juez legal
Enric Fossas Espadaler 28/04/2016

El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley contiene una garantía procesal y orgánica al servicio de la independencia e imparcialidad judicial que asegura a los ciudadanos que su causa será conocida por un concreto tribunal preexistente y determinado de acuerdo con unas reglas previas al caso. Esta garantía jurisdiccional deriva de la ley, que establece normas de organización y procedimiento. Pero para cumplir su función, la ley debe sujetarse a los límites y mandatos establecidos en el 24.2 de la Constitución, cuyo desconocimiento implicaría una vulneración del derecho al juez legal. El presente trabajo examina, a partir de la jurisprudencia constitucional, las exigencias que para el legislador se desprenden del contenido constitucionalmente prefigurado de este derecho, y analiza cómo en nuestro ordenamiento las normas legales pueden llegar a conculcarlo.

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3.07  
Incidencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el desarrollo de las juntas generales de las sociedades anónimas españolas
Andrés Recalde Castells 23/07/2007

En los últimos tiempos el debate sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas refleja la reaparición de las propuestas de intensificación de los controles internos a través de la junta general y del ejercicio de los derechos individuales y de minoría por los accionistas. Estas propuestas se proyectan en la ampliación de las competencias de la junta y en la instauración de nuevos mecanismos que faciliten y fomenten el ejercicio de aquellos derechos, y en particular del voto. En este último ámbito se viene atribuyendo un papel fundamental a las nuevas tecnologías de la información y comunicación que facilitan el voto a distancia. La Ley de Transparencia (2003) introduce en la Ley de Sociedades Anónimas la posibilidad de establecer sistemas de voto y delegación a distancia por vía postal o electrónica. Sin embargo, no regula con detalle los nuevos sistemas, sino que se limita a reconocer un amplio juego a la autonomía privada en su instauración. El análisis de los sistemas de votación establecidos por la mayor parte de las sociedades cotizadas españolas permite dudar de que las posibilidades abiertas hayan servido para intensificar los controles de los administradores y no, como más bien parece, para aumentar el control de las juntas por estos. Pero el presente trabajo pone también en duda que los sistemas de votación a distancia contribuyan a incrementar el activismo accionarial, pues las nuevas tecnologías sólo inciden sobre algunos de los costes que explican el absentismo de los pequeños inversores (los de desplazamiento al lugar de celebración de la junta); pero no sobre otros que probablemente tengan mayor importancia.

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