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  Revista per a l'Anàlisi del Dret Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inici Abogares
 
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3.12  
Competencia resolutoria del Secretario Judicial en el actual marco normativo de la jurisdicción voluntaria
Javier Ángel Fernández- Gallardo Fernández- Gallardo 23/07/2012

Pese a la falta de aprobación de una Ley de jurisdicción voluntaria que materialice la atribución de la resolución de determinados expedientes en esta materia al Secretario Judicial conforme a lo prevenido en el art. 456 LOPJ, entendemos que en la actualidad existe una base normativa suficiente para fundamentar la facultad resolutoria de dicho Funcionario público en los expedientes de jurisdicción voluntaria en los que no se vean afectados menores, incapaces o derechos fundamentales. Por ello en las líneas que siguen trataremos de exponer los argumentos que justifican que el Secretario Judicial pueda dictar decretos resolutorios en esta materia, pese a existir una amplia posición doctrinal y jurisprudencial en sentido contrario.

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3.12  
La mediación y las medidas cautelares
Vicente Pérez Daudí 24/07/2012

El artículo 10.2. inciso segundo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles prevé la adopción de medidas cautelares durante la pendencia del procedimiento de mediación. En este trabajo se analiza la relación entre las medidas cautelares y la mediación. Concretamente planteo la posibilidad de adoptar medidas cautelares de forma previa al inicio del proceso judicial y los efectos del inicio del procedimiento de mediación. A continuación se desarrolla la adopción de medidas cautelares durante la pendencia del procedimiento de mediación. Finalmente estudio los efectos de la finalización del procedimiento de mediación sobre las medidas cautelares ya adoptadas y respecto de una nueva solicitud.

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2.12  
Libertad de Contratación, Orden Público y sus repercusiones en el marco de la Arbitrabilidad
Julio César Betancourt 27/04/2012

El principio de la libertad de contratación permite que los particulares decidan con quién contratar, cuál será el objeto del contrato, cómo será regulada esa relación contractual e, incluso, cómo serán solucionadas o resueltas las diferencias que pudieran llegar a surgir entre las partes contratantes. El arbitraje, por ejemplo, ha ganado una marcada aceptación como medio de solución de conflictos, pero existen ciertas materias que, por razones de orden público, no pueden ser resueltas mediante arbitraje. Dentro de la Unión Europea, la inarbitrabilidad de un conflicto está regulada de acuerdo con las leyes de cada uno de los Estados Miembros. En consecuencia, conflictos que no son arbitrables con arreglo a lo que establecen las leyes de un Estado Miembro podrían o podrían no ser arbitrables a tenor de lo que disponen las leyes de otro Estado Miembro, cuestión que termina siendo contraria al concepto de unificación y armonización del Derecho Contractual Europeo, y en particular, a la idea de un orden público europeo que le permita a los ciudadanos someter sus conflictos por ante un árbitro. Esta investigación aporta una breve y sin embargo completa explicación de la noción de orden público al ser relacionada con el principio de la libertad de contratación y el derecho que tienen los ciudadanos europeos a solucionar sus conflictos mediante arbitraje.

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2.12  
El mito de los consejeros independientes
Mª Isabel Sáez Lacave
María Gutiérrez 27/04/2012

En este documento sostenemos que los consejos de administración no tienen el mandato, los incentivos y la capacidad para controlar a los internos, especialmente en las jurisdicciones donde el principal problema de agencia tiene su origen entre los accionistas mayoritarios y minoritarios. Analizamos los problemas que hacen que los consejeros independientes se vuelvan un dispositivo de supervisión ineficaz para las empresas con estructuras de propiedad concentrada y concluimos que el enfoque actual de los legisladores y los códigos de buen gobierno que otorgan poder a los consejeros independientes son ineficaces y que las empresas estarían mejor si eligieran a los miembros del consejo con plena libertad. Presentamos dos propuestas diferentes para la reforma: los consejeros independientes como guardabarreras del regulador y los consejeros independientes como representantes de la minoría. Ambas propuestas se basan en la idea de que si se espera que los consejeros independientes controlen a los accionistas mayoritarios, su característica más importante debe ser la rendición de cuentas más allá de la mera independencia.

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2.12  
Bodum USA, Inc. v. La Cafetière, Inc.
Arturo Muñoz Aranguren 30/04/2012

Tres apuntes sobre la prueba del Derecho extranjero, los remedios ante el incumplimiento contractual y el concepto de “efficient breach”

Este trabajo analiza la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU. en el caso Bodum USA, Inc. v. La Cafetière, Inc. Varias son las cuestiones objeto de examen. En primer lugar, la aplicación del Derecho extranjero, su naturaleza procesal y los medios de prueba más útiles para acreditar su correcta interpretación por parte del Tribunal. En segundo lugar, los diferentes procedimientos probatorios civiles en el derecho continental y en el norteamericano, así como los remedios frente al incumplimiento en el Common Law y en el Civil Law. Finalmente, se evalúa de forma crítica el concepto de incumplimiento contractual eficiente al hilo del voto concurrente del juez Posner.

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2.12  
Webs de enlaces y propiedad intelectual
Pablo Ramírez Silva 27/04/2012

El presente trabajo tiene por objeto estudiar si la actividad de las denominadas webs de enlaces, es decir, la de aquellos sitios web que establecen links que redirigen a los usuarios que los activan a obras audiovisuales, musicales o literarias puestas a disposición del público ilícitamente en páginas web, servidores o equipos de terceros, constituyen una infracción de la legislación española en materia de propiedad intelectual. En este sentido, el autor del trabajo propone encuadrar la actividad de este tipo de webs en el ámbito del derecho de comunicación pública.

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2.12  
Quien contamina paga … si alguna jurisdicción es competente para condenarlo
Carlos Gómez Ligüerre 30/04/2012

Conflictos de jurisdicción en el caso Boliden

El 25 de abril de 1998 se rompió el dique de contención de la mina que la empresa Boliden Apirsa, S. L. explotaba en Aznalcóllar (Sevilla). Fue el desastre ecológico más grave de la historia reciente de nuestro país. Casi 15 años después el medio ambiente se ha recuperado casi por completo, pero sigue la batalla en los tribunales por decidir quién debe hacerse cargo de los costes de la catástrofe. Tres sentencia recientes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han complicado la situación al declarar su incompetencia para enjuiciar la legalidad del Acuerdo de la Junta de Andalucía que obligaba a las industrias Boliden a pagar los costes de la reparación medioambiental.

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2.12  
The debit and credit card framework contract and its influence on European legislative initiatives
Maria Raquel Guimarães 27/04/2012

This paper explores the significance of the “contractual mechanism” behind electronic payment transactions and its influence on European legislation. Its main purpose is to investigate how European directives see the electronic payment operation and take in account its characteristics. Card payments are divided into two distinct contractual episodes: the debit or credit card contract and the consecutive mandates given by the cardholder to his bank to pay the suppliers and to debit his account. This division seems not to be taken into account by European legislator in 2008, on Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers, as it was not taken in account before, in 1987. The same can be said of Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts. In contrast, Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market (PSD) seems to be a turning point in redefining the contractual structure behind payment transaction. This directive differentiates between single payment transactions not covered by a framework contract and individual payment transactions covered by such a contract. PSD distinguishes, namely for information purposes, the framework contract and the subsequent payment orders given by the user to the payment service provider.

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