Private Law
  Review on the Analysis of Law N.4 2019   ISSN 1698-739X Contact Home Abogares
  Direction: Fernando Gómez Pomar   Coordination: Sonia Ramos González
   
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2.02  
Vicarious Liability and Liability for the Actions of Others I
Pablo Salvador Coderch
Carlos Gómez Ligüerre
Juan Antonio Ruiz García
José Piñeiro Salguero
Antoni Rubí Puig 17/04/2002

In Spanish law, three systems of liability for the acts of others coexist with certain difficulty. One, administrative, for damages caused by civil servants and public employees (sections 145 and 146 of Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); another, civil, for damages caused by individuals to other individuals (Spanish Civil Code of 1889 (CC), most recently modified in 1991); and a third one - also civil - but applied by the criminal courts, for damages caused by facts described as crimes or misdemeanors by the Spanish Criminal Code of 1995 and other criminal laws (section 120 Criminal Code (Cr. C)).

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1.15  
La interpretación literal del art. 1738 CC y la representación aparente
Manuel Espejo Lerdo de Tejada 28/01/2015

A propósito de algunas Sentencias recientes del Tribunal Supremo

Cuando el poder de representación ha cesado por la muerte del poderdante y el apoderado lo sigue utilizando, como si subsistiera, se plantea la cuestión de si el contrato concertado por este último con el tercero que ignora de buena fe la extinción del poder vincula a los herederos del poderdante, o si se requiere para ello, además, que el apoderado desconociera, con buena fe, la extinción del poder. Se analizan en este estudio los arts. 1734 y 1738 CC, la jurisprudencia que los aplica y la doctrina que los interpreta, y se concluye que para que el contrato concertado con el tercero vinculara a los herederos del poderdante no es necesaria la buena fe del apoderado, sino que es suficiente la buena fe del tercero. Esta solución es coherente con la existencia en nuestro Derecho de un principio informador de protección de la apariencia en los casos de representación.

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4.14  
Deberes de eficiencia y libertad de actuar
Pablo Salvador Coderch
Antoni Terra Ibáñez
Alberto Vega García
Anna Ginès i Fabrellas
Sergi Gálvez Duran 23/10/2014

En este trabajo, sus autores plantean la cuestión de si el derecho —el parlamento, el gobierno, los jueces— puede imponer, a individuos y a empresas, cargas, deberes u obligaciones de alcanzar o de mantener niveles determinados de eficiencia económica. Para responder a ello, los autores parten de dos conocidas distinciones: la primera, de naturaleza económica, es la que media entre beneficio contable y beneficio económico; y la segunda, de naturaleza jurídica, es la que se establece entre reglas y principios. A continuación analizan casos del derecho civil, fiscal, laboral y mercantil español en los cuales la cuestión planteada se ha resuelto afirmativamente. La mayor parte de los casos regulados por reglas se refieren a propietarios de inmuebles que se encuentran en situaciones precisamente definidas, mientras que, en los supuestos sujetos a principios, el derecho impone deberes de eficiencia a individuos u organizaciones cuyas actividades o funciones son muy generales: ex cónyuges, trabajadores, contratantes, gestores y administradores de compañías mercantiles. Las dos tesis principales defendidas en este trabajo son, en primer lugar, que el derecho puede ciertamente imponer deberes generales y omnicomprensivos de eficiencia mediante principios como, señaladamente, el de buena fe. En cambio, aunque el derecho puede también imponer deberes de eficiencia mediante reglas, estas han de ser suficientemente precisas y aplicarse a casos concretos, pues, por razones económicas y jurídicas analíticamente fundadas y contrastadas por la experiencia histórica, no resulta económicamente viable ni jurídicamente admisible dictar y aplicar reglas generales u omnicomprensivas que obliguen a individuos y a empresas comportarse eficientemente o de un modo que el parlamento, el gobierno, o los tribunales afirmen que es más eficiente que otro.

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3.16  
Contratos de suministro de contenidos digitales: ámbito de aplicación y visión general de la Propuesta de Directiva de 9.12.2015
Gerald Spindler 26/07/2016

Número especial sobre mercado único digital europeo y protección de los consumidores

En diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva sobre los contratos de suministro de contenidos digitales como parte de su agenda digital. La propuesta es pionera en múltiples aspectos y comprende todo tipo de servicios distintos, desde las descargas de música hasta las redes sociales. Este artículo analiza la propuesta de la Comisión respecto a su amplio ámbito de aplicación y a su su renuncia a regular particulares tipos contractuales.

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4.17  
El laberinto de la invalidez: algunas pistas para no perderse
Tomás Cano Campos 27/10/2017

El presente trabajo pretende ofrecer una construcción conceptual y funcional de la invalidez de los actos administrativos que destaque de forma adecuada sus elementos estructurales y ofrezca una explicación plausible de la supuesta escisión que parece existir entre la teoría y la praxis de la categoría. Tras justificar el concepto de invalidez del que se parte y destacar las diferencias de estricto Derecho positivo entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, se analizan las consecuencias de la invalidez y las razones por las que a veces la situación creada por los actos inválidos se mantiene, los medios de reacción contra la invalidez y el carácter de los pronunciamientos que la declaran. El estudio concluye analizando las relaciones entre tiempo y validez y ensayando la posibilidad de una teoría de la invalidez sobrevenida de los actos administrativos.

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1.14  
La anomalía de la retribución externa de los administradores
Cándido Paz-Ares 27/01/2014

Hechos nuevos y reglas viejas

El presente trabajo aborda el estudio de un tema inédito en nuestra doctrina: la legitimidad de la percepción por los administradores de sociedades de retribuciones o ventajas satisfechas por parte de terceros ―normalmente un accionista o grupo de accionistas― en atención o consideración de su cargo (“retribuciones externas”). La tesis fundamental es que las retribuciones externas tienen difícil acomodo en nuestro derecho debido: (i) a su difícil compatibilidad con algunas exigencias del deber de lealtad de los administradores, que afloran en la vieja normativa del mandato (art. 1720 CC), (ii) a su inconsistencia con el régimen de competencias legalmente previsto para diseñar y fijar la remuneración de los administradores, que en última instancia ponen de relieve la producción de externalidades no contratadas y la infracción del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC), y (iii) al riesgo de balcanización que introducen o pueden introducir en el funcionamiento del consejo como órgano colegiado así como al impacto que están llamadas a tener sobre la deseable posición institucional de sus miembros. El desarrollo del argumento de la mano de la vieja doctrina del mandato permite también sacar a la luz y formular con la debida precisión las condiciones, cuya verificación puede redimir de la sombra a esta clase especial de retribuciones.

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4.17  
El plazo de reflexión en la contratación de préstamos hipotecarios: instrumentos para su garantía
Esther Hernández Sainz 26/10/2017

La Directiva 2014/17/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial obliga a los Estados miembros a garantizar que los consumidores disponen de un periodo de reflexión mínimo de siete días antes o después de la celebración del contrato con el fin de que puedan comparar los productos de distintas entidades, evaluar sus implicaciones y tomar una decisión con conocimiento de causa. La normativa española vigente que regula el préstamo hipotecario, dispersa y poco coherente, no garantiza la existencia de un periodo de reflexión previo en forma de oferta vinculante y no contempla un derecho de desistimiento posterior a la celebración del contrato. La última versión del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario que se ha hecho público en abril de 2017 atribuye a la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) el valor de oferta vinculante durante un plazo de siete días desde su entrega. El objeto de este trabajo es valorar críticamente la regulación vigente a la luz de la Directiva, así como proponer mejoras en el texto proyectado con el fin de que se garantice de forma efectiva un plazo mínimo de reflexión en la contratación de préstamos hipotecarios.

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4.15  
Patentes y hold-up: la acción de cesación ante compromisos FRAND
Aurea Suñol Lucea 27/10/2015

En este trabajo se examina si el compromiso que suelen asumir los titulares de patentes esenciales para un estándar en el seno de organización privadas de adopción de estándares a conceder licencias en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND) implica una renuncia a ejercitar la acción de cesación de la conducta (eventualmente) infractora de la patente por parte de los adoptantes del estándar, lo cual negamos; cuándo es oportuno que los tribunales denieguen su concesión; y cuál es la normativa más adecuada (la legislación de patentes, el Derecho de obligaciones y contratos o el Derecho de la competencia) para articular el control del ejercicio de la acción de cesación por parte del titular de una patente, desde un punto de vista práctico y de policy. En este último sentido concluimos que la legislación de patentes es el mejor mecanismo a tal fin, y que los tribunales nacionales (incluidos los españoles) estaban obligados a denegar la acción de cesación solicitada por el titular de la patente cuando a la vista de las circunstancias del caso su concesión resulte desproporcionado.

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