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  Revista para el Análisis del Derecho Nº1 2015   ISSN 1698-739X English / CatalàContactar Abogares
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  The Death of Contract (Grant Gilmore, 1974)
Carlos Gómez Ligüerre 30/01/2015

A propósito de alguna jurisprudencia reciente

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La aplicación de la regulación del Libro I del Código Civil de Cataluña relativa a la prescripción de las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontractual
Santiago Espiau Espiau 27/01/2015

La vigencia en Cataluña de distintas disposiciones ―civiles y no civiles― relativas a la responsabilidad extracontractual y a la prescripción de las pretensiones vinculadas a la misma plantea el problema de determinar cuál de ellas ―y con qué extensión― es aplicable en la comunidad autónoma. El presente estudio propone una revisión de la solución adoptada por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, pese al carácter general y absoluto del artículo 121-21.d) CCCat, entiende que el plazo de prescripción de tres años establecido por el mencionado precepto para cualquier pretensión derivada de responsabilidad extracontractual no es aplicable a las pretensiones correspondientes a los denominados regímenes especiales de responsabilidad extracontractual regulados por la legislación estatal sectorial, sujetándolas a los plazos previstos en dicha legislación. Con todo, la finalidad de este estudio no se circunscribe a la revisión de una determinada solución jurisprudencial, sino que, con ella, propone una revisión de los criterios de aplicación de las distintas legislaciones ―estatal y autonómica, especial y general- vigentes en una comunidad autónoma con derecho civil propio.

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El mito de la especialización judicial
Gabriel Doménech Pascual
Juan S. Mora-Sanguinetti 27/01/2015

En el mundo jurídico español existe una suerte de mito de la especialización judicial. Parece como si de ella se derivaran sólo ventajas, como si una mayor especialización de nuestros órganos jurisdiccionales hubiera de redundar siempre y necesariamente en una mejora de la Administración de Justicia. Tras exponer en qué consiste la especialización judicial y cuáles pueden ser sus manifestaciones, el presente trabajo analiza sus beneficios y sus costes sociales, y ofrece algunos criterios que deberían tenerse en cuenta para determinar cuándo la misma es netamente ventajosa.

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Normas de conducta y normas de control
José María Rodríguez de Santiago 27/01/2015

Un estudio metodológico sobre la discrecionalidad planificadora, la ponderación y su control judicial

El presente trabajo pretende, en primer lugar, integrar el tipo de la discrecionalidad planificadora en una teoría general de la discrecionalidad administrativa. Se plantea, a continuación, la distinción entre norma de conducta (dirigida a la Administración) y norma de control (judicial), como binomio conceptual útil desde la perspectiva de una metodología específicamente jurídico-administrativa que tenga en cuenta la consideración casi obvia de que, en el ámbito del Derecho administrativo, es la Administración quien en primer lugar aplica la norma decidiendo y solo después controla el juez examinando la decisión de aquella; y se formula una propuesta de normas de control en función del tipo de discrecionalidad atribuido por la norma de conducta reguladora de las decisiones administrativas sobre planeamiento. Por último, se realiza un estudio jurisprudencial sobre la evolución de la norma de control efectivamente utilizada por los órganos judiciales para examinar las decisiones de la Administración dotadas de discrecionalidad planificadora y se propone la formulación de un específico control de ponderación como el más adecuado para la revisión judicial de dichas decisiones administrativas.

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La interpretación literal del art. 1738 CC y la representación aparente
Manuel Espejo Lerdo de Tejada 28/01/2015

A propósito de algunas Sentencias recientes del Tribunal Supremo

Cuando el poder de representación ha cesado por la muerte del poderdante y el apoderado lo sigue utilizando, como si subsistiera, se plantea la cuestión de si el contrato concertado por este último con el tercero que ignora de buena fe la extinción del poder vincula a los herederos del poderdante, o si se requiere para ello, además, que el apoderado desconociera, con buena fe, la extinción del poder. Se analizan en este estudio los arts. 1734 y 1738 CC, la jurisprudencia que los aplica y la doctrina que los interpreta, y se concluye que para que el contrato concertado con el tercero vinculara a los herederos del poderdante no es necesaria la buena fe del apoderado, sino que es suficiente la buena fe del tercero. Esta solución es coherente con la existencia en nuestro Derecho de un principio informador de protección de la apariencia en los casos de representación.

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¿Incumbencias en Derecho Penal?.- Depende
Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez 14/01/2015

El concepto de incumbencia («Obliegenheit») se emplea en Derecho penal con diversas finalidades. El autor responde a la visión crítica expuesta por Juan Pablo Montiel en su reciente artículo al respecto (publicado en InDret Penal 4/2014). Concretamente afronta tres grupos de críticas: su origen iusprivatista; el uso inflacionario de la expresión y concepto; y la indefinición y manipulabilidad por parte de la doctrina penal que se ha referido a las incumbencias. La propuesta del autor consiste en reducir el uso y concepto al ámbito de la imputación extraordinaria, y no a otros que pertenecen al ámbito de las reglas de conducta, y no de imputación.

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¿Administración desleal mediante la creación del riesgo de sanciones para el patrimonio administrado?
Nuria Pastor Muñoz
Ivó Coca Vila 14/01/2015

Un análisis dogmático a la luz del art. 252 del Proyecto de Reforma del Código Penal de 4 de Octubre de 2013

El presente trabajo examina si, en el marco del nuevo delito de administración desleal recogido en el Proyecto de reforma del Código Penal (art. 252 PCP), resulta posible que aquellas conductas llevadas a cabo por el administrador constitutivas de un ilícito – sea éste penal, administrativo o civil - del que se derive un menoscabo para el patrimonio administrado sean a su vez constitutivas de un delito de administración desleal. Tras exponer el problema en toda su extensión y analizar las soluciones formuladas en la doctrina y jurisprudencia alemanas, se expone una propuesta de solución. Para ello, se analizan los tres pilares esenciales de la dogmática del nuevo delito de administración desleal: el alcance de la posición de garantía del administrador, el concepto de perjuicio patrimonial y los criterios de imputación del perjuicio a la infracción del deber de velar por los intereses patrimoniales ajenos.

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La especialización de la fiscalía en materia de delitos de odio y discriminación
Cristina Güerri Ferrández 27/01/2015

Aportaciones a la lucha contra los delitos de odio y el discurso del odio en España

En el año 2009 se creó en la Fiscalía Provincial de Barcelona el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación con el objetivo de proporcionar una respuesta especializada a los delitos que amenazan los principios de igualdad y no discriminación. Siguiendo dicho precedente, desde 2013, cada provincia de España cuenta con un fiscal especializado en este ámbito. Por ello, el objetivo del presente trabajo es, en primer lugar, conocer la situación de los delitos de odio y discriminación en España y ver las problemáticas que estos presentan para, en segundo lugar, saber qué es lo que un servicio especializado dentro de la fiscalía aporta a la lucha contra este tipo de delincuencia, explicando así la reciente expansión del modelo. Además, se tratará con mayor profundidad el tema del discurso del odio pues, al verse potenciado por el uso de las tecnologías de la información como Internet y el auge de diversos partidos de extrema derecha en Europa, ha generado un gran debate acerca de la necesidad y la conveniencia de su regulación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este trabajo concluye que la especialización de la fiscalía es una herramienta muy importante en la lucha contra los delitos de odio, pero no debe ser la única.

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