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  Revista para el Análisis del Derecho Nº1 2014   ISSN 1698-739X English / CatalàContactar Abogares
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  Males de la justicia: analizando los datos
Fernando Gómez Pomar
Juan S. Mora-Sanguinetti
27/01/2014

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La anomalía de la retribución externa de los administradores
Cándido Paz-Ares 27/01/2014

Hechos nuevos y reglas viejas

El presente trabajo aborda el estudio de un tema inédito en nuestra doctrina: la legitimidad de la percepción por los administradores de sociedades de retribuciones o ventajas satisfechas por parte de terceros ―normalmente un accionista o grupo de accionistas― en atención o consideración de su cargo (“retribuciones externas”). La tesis fundamental es que las retribuciones externas tienen difícil acomodo en nuestro derecho debido: (i) a su difícil compatibilidad con algunas exigencias del deber de lealtad de los administradores, que afloran en la vieja normativa del mandato (art. 1720 CC), (ii) a su inconsistencia con el régimen de competencias legalmente previsto para diseñar y fijar la remuneración de los administradores, que en última instancia ponen de relieve la producción de externalidades no contratadas y la infracción del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC), y (iii) al riesgo de balcanización que introducen o pueden introducir en el funcionamiento del consejo como órgano colegiado así como al impacto que están llamadas a tener sobre la deseable posición institucional de sus miembros. El desarrollo del argumento de la mano de la vieja doctrina del mandato permite también sacar a la luz y formular con la debida precisión las condiciones, cuya verificación puede redimir de la sombra a esta clase especial de retribuciones.

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Daños tardíos
Pablo Salvador Coderch
Carlos Gómez Ligüerre
Antoni Rubí Puig
Sonia Ramos González
Antoni Terra Ibáñez 27/01/2014

Avite c. Grünenthal. Comentario a la SJPI nº 90 Madrid, 19.11.2013, sobre los daños causados por la talidomida

Este trabajo comenta la primera sentencia española dictada sobre la responsabilidad civil derivada de los daños causados por la talidomida. La cuestión principal que plantea es la relacionada con la prescripción de la acción de daños, teniendo en cuenta que entre el hecho dañoso y la presentación de la demanda ha transcurrido más de medio siglo. La magistrada Gemma Susana Fernández Díaz considera no prescrita la acción con base en la doctrina del daño continuado y compensa todos los daños asociados a la talidomida. De esta manera, no se analiza la cuestión del concurso de los daños continuados con los daños permanentes ni la consiguiente posibilidad de entender justificada la reclamación de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) únicamente en cuanto a los daños tardíos, conocidos solo recientemente por la ciencia médica, tal como resulta del Informe del Instituto de Gerontología de la Universidad de Heidelberg, dirigido por el Prof. Dr. Andreas Kruse.

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The Role of Choice in the Legal Regulation of Consumer Markets: A Law and Economic Analysis
Fernando Gómez Pomar
Juan-José Ganuza 27/01/2014

The paper explores the various meanings of choice in consumer contracts, and the increasing importance and availability in consumer contracts of choosing among different laws and legal frameworks for the transaction. This has become particularly relevant with proposals concerning optional regimes to govern consumer contracts, most notably the Common European Sales Law (CESL). We analyze critically the positions of different commentators regarding the undesirability and futility of a choice of legal regime for consumer contracts such as the one provided by CESL. We also address the views that encourage an expansion of choice of law in consumer contracts, allowing more (or even full) horizontal competition among legal systems in this area. We present economic arguments that recommend caution before a major expansion, and support the use of minimum quality standards in this area. We end with a proposal that, departing from art. 6 of Rome I Regulation, would expand choice of law and through it perhaps savings in firms’ costs, but that preserves at the same time the expectations of consumers.

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La aritmética electoral tomada en serio: El uso de la estadística en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Arturo Muñoz Aranguren 27/01/2014

Comentario a la STC 105/2012, Sala Primera, de 11 de mayo

Existe una discusión académica sobre la pertinencia de la utilización, a la hora de resolver problemas jurídicos, de las enseñanzas de otras ciencias auxiliares, como pueden ser la economía, la psicología, la estadística, etc. Mediante el análisis de la STC 105/2012 pretendemos justificar como, por ejemplo, en materias como el derecho electoral es ya imprescindible acudir a la estadística en los “casos difíciles”, si se quiere ofrecer una respuesta judicial rigurosa. Partiendo de esas premisas, se realiza una aproximación estadística al problema resuelto, con resoluciones contradictorias, por la Junta Electoral Central, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Constitucional español.

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Ne bis in ídem: ¿un principio transnacional de rango constitucional en la Unión Europea?
John A.E. Vervaele 27/01/2014

Los ciudadanos y las empresas se globalizan: utilizan de manera creciente sus derechos a la libre circulación, al libre establecimiento, a ofrecer bienes y servicios, a realizar transacciones financieras, etc. En este contexto, los sistemas de aplicación de la ley, incluido el sistema penal, tienen que mantenerse. Están obligados a ir al extranjero para la obtención de pruebas, para proceder a la detención y la extradición o entrega de los sospechosos, para el decomiso de los bienes, para abordar los conflictos de jurisdicción y la asignación de la investigación y enjuiciamiento penal. La globalización de los sistemas de justicia penal aumenta el riesgo de doble enjuiciamiento y de doble castigo. ¿Tienen las personas (jurídicas) el derecho (fundamental) a no ser juzgadas o castigadas dos veces por los mismos hechos en un mundo globalizado e integrador? ¿Están protegidos contra esta doble persecución en la configuración de la justicia penal transnacional, como por ejemplo en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE? ¿Tiene el principio ne bis in idem un alcance transnacional? Si es así, ¿qué significa esto y cuáles son los obstáculos y las excepciones? Con el planteamiento de estas cuestiones, el presente trabajo se pregunta si la persona (jurídica) puede deducir un derecho a la protección transnacional frente al bis in idem en el espacio de libertad, seguridad y justicia de las diferentes fuentes obligatorias: el derecho nacional, el derecho internacional público (normas de derechos humanos y asistencia jurídica mutua) y el derecho de la UE. Del análisis de estas fuentes y de la jurisprudencia, concluyo que las personas (jurídicas) están desprotegidas frente a un doble enjuiciamiento transnacional, con excepción del ne bis in idem transnacional en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, incluso en este último las excepciones, exenciones, reservas e interpretaciones enfrentadas basadas en la soberanía nacional socavan el fundamento y el alcance de un auténtico principio ne bis in idem transnacional en un espacio común de justicia penal transnacional.

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La libertad del Derecho penal: ¿de qué hablamos cuando decimos libertad?
Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez 27/01/2014

La libertad, sea para negarla sea para afirmarla, sigue siendo un concepto clave en Derecho penal. Pero sobre la libertad existe una amplia polisemia que dificulta recurrir a ella en la doctrina jurídico-penal. El autor propone dos distinciones: la libertad de la acción tanto en prospectiva como en retrospectiva, y la libertad innata y adquirida. A partir de ahí se describen cuatro facetas de la libertad: antropológica, libre albedrío (volición y voluntariedad) y libertades políticas.

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Comiso: crónica de una reforma anunciada
Teresa Aguado Correa 27/01/2014

Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013.

En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis conjunto de la anunciada reforma del comiso tanto a nivel europeo, a través de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea, de 12 de marzo de 2012, como a nivel nacional, a través del Proyecto de reforma del Código Penal de 20 septiembre de 2013, desde la perspectiva de los derechos fundamentales y principios reconocidos en la UE y en España. También se tienen en cuenta las modificaciones del comiso previstas en los Anteproyectos de 2012 y 2013. Una vez más, escudándose en la normativa de la Unión Europea, esta vez en una mera Propuesta de Directiva, y partiendo del hecho de que en ésta se prevén normas mínimas que permiten que las legislaciones nacionales tengan mayor alcance, el Gobierno Español, bajo el lema “más vale que sobre que falte”, aborda la reforma de esta sanción elevando a régimen general lo que se prevé a nivel europeo como régimen especial para delitos de cierta gravedad, los conocidos como eurodelitos.

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La legitimidad de la justicia de menores: entre justicia procedimental y justicia social
María José Bernuz Beneitez 27/01/2014

La justicia procedimental plantea, de forma muy sintética, que no sólo importan los derechos sino la forma de realizarlos. Desde esa perspectiva puede resultar interesante realizar una aproximación teórica a las posibilidades que ofrece la justicia procedimental en el ámbito de la justicia de menores analizando tres cuestiones que me parecen de interés por su más larga tradición en la discusión doctrinal. En primer lugar, abordaré el interés que tiene la realización efectiva de los principios de la justicia restaurativa en el logro de uno de los indicadores de justicia procedimental que es la necesidad y el sentimiento de ser escuchado tanto por quien delinque, como por la víctima del delito. Además, es preciso discutir la cuestión de la necesidad de una formación especializada en el ámbito de la justicia de menores --sobre todo de abogados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-- que diferencie y mejore el trato con respeto y dignidad de los menores. Finalmente, el trato equitativo es considerado por los menores como un indicativo de justicia procedimental y tendremos que ver hasta qué punto una justicia que se define por la individualización de sus intervenciones puede realizar esa pretensión de equidad a ojos de los menores.

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