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  Revista para el Análisis del Derecho Nº2 2016   ISSN 1698-739X English / CatalàContactar Abogares
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  El Derecho y los dispendios
Fernando Gómez Pomar
Juan-José Ganuza
28/04/2016

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  Derecho Privado / Derecho Catalán / Derecho de la Persona y Familia / Derecho Penal / Derecho Constitucional / Criminología y Sistema de Justicia Penal   Los más leídos / Todos / Esta edición 2.16 / Histórico /
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2.16  
Probabilidad, estadística, grandes bases de datos y abogacía
Pablo Salvador Coderch
Albert Satorra 28/04/2016

La Sentencia 353/2005, de 25 de mayo, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga (JUR 2005195477, ponente Lourdes García Ortiz) -acaso el caso español más clamoroso de denegación de justicia por error judicial en lo que llevamos de siglo- ocupa el centro de un trabajo que pretende incorporar la estadística a la aplicación del derecho en España. Un estadístico y un jurista aúnan sus esfuerzos para analizar el caso mencionado y otros similares, españoles y extranjeros, en el intento de mostrar cómo muchas de nuestras intuiciones más arraigadas deberían de desaparecer del acervo de prácticas injustificadamente asociadas a las reglas de la sana crítica. Así, los autores recomiendan a las personas y organizaciones dedicadas a la política jurídica, a la legislación, y a la aplicación, judicial y extrajudicial, del derecho que desconfíen de sus intuiciones y que piensen en términos estadísticos antes de proponer, aprobar o aplicar una regla o un principio de derecho, al tiempo que formulan guías para fundamentar estadísticamente propuestas y soluciones normativas. En España, la tradición jurídica ha sido, para decir lo menos, refractaria a la Estadística, aunque este fenómeno es desgraciadamente universal: la desconsideración del parámetro de prevalencia, el desconocimiento de las probabilidades condicionales, el desapego de casi todos a la hora de tener en cuenta el tamaño de la base de datos, el desorden de quienes ignoran la distinción entre falsos positivos y falsos negativas, así como otras pretericiones estadísticas han llevado a los sistemas judiciales de muchos países - igual o más desarrollados científica y tecnológicamente que el nuestro- a participar en el desfile de los horrores judiciales que los lectores reconocerán en este artículo, un alegato desgarrado y desazonador en pro de la recta aplicación de la Estadística en la formación y aplicación de cualquier juicio –no solo de las resoluciones judiciales- y en contra de la liviandad de los prejuicios de quienes creen que la intuición es fuente del derecho y de su recta aplicación.

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2.16  
La (in)aplicación en Aragón del art. 1438 CC (Reflexiones sobre la jurisprudencia del TS en relación al trabajo doméstico)*
Carmen Bayod López 29/04/2016

En este artículo se analiza la aplicación supletoria del art. 1348 CC en Aragón cuando resulta aplicable la Compilación aragonesa al régimen económico matrimonial paccionado, revisando argumentos favorables a su inaplicación y añadiendo otros nuevos. Por otro lado, se analiza la conveniencia de regular en Aragón la compensación por el trabajo doméstico. Para ello, se examina, desde otra óptica y con otros resultados de investigación, las sentencias del TS que han interpretado hasta la fecha el referido precepto.

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2.16  
La compensació econòmica com a norma de liquidació del règim econòmic matrimonial de separació de béns: especialitats processals, pressupòsits i càlcul
Joan Manel Abril Campoy 28/04/2016

El llibre segon del Codi civil de Catalunya ha regulat la compensació econòmica per raó del treball per a la casa o per a l’altre cònjuge amb la finalitat d’eradicar la discrecionalitat judicial existent a l’empara de l’anterior règim legal (art. 41 CF). Amb aquesta intenció, es delimiten objectivament els pressupòsits pel naixement de la compensació econòmica (art. 232-5 CCCat) i es dota a la institució d’unes regles de càlcul per a determinar el quantum que correspon al creditor en funció de la diferència d’increments patrimonials (art. 232-6 CCCat). La nova regulació s’endinsa no solament en el tractament substantiu de la compensació econòmica sinó també en un seguit d’especialitats processals, com ho són l’obligatorietat d’elaborar un inventari i el moment processal oportú per a la seva aportació. L’anàlisi de la delimitació dels pressupòsits de la compensació i, sobretot, les regles de càlcul constitueixen l’objecte nuclear d’aquest treball. Així, s’intenta esbrinar si la nova normativa aconseguirà dotar d’una major predictibilitat i seguretat a l’operador jurídic, alhora que s’examina amb detall el sistema de càlcul de la compensació. En aquest sentit, s’assenyalen les possibles disfuncions existents i s’aborda la problemàtica de les atribucions gratuïtes entre consorts o parelles estables i la seva repercussió en el sistema de càlcul legal. No s’oblida el paper fonamental que va tenir la jurisprudència de la Sala civil i penal del TSJC amb l’anterior regulació i es porta a col·lació en la mesura que els criteris establerts poden esdevenir operatius amb l’actual normativa. Pel que fa al dret vigent, s’adverteix de l’exigència amb el nou sistema de càlcul de la compensació d’un esforç de motivació per part dels òrgans judicials, ja exigit pel TSJC, i de que moltes de les incògnites plantejades

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2.16  
Legislador y derecho fundamental al juez legal
Enric Fossas Espadaler 28/04/2016

El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley contiene una garantía procesal y orgánica al servicio de la independencia e imparcialidad judicial que asegura a los ciudadanos que su causa será conocida por un concreto tribunal preexistente y determinado de acuerdo con unas reglas previas al caso. Esta garantía jurisdiccional deriva de la ley, que establece normas de organización y procedimiento. Pero para cumplir su función, la ley debe sujetarse a los límites y mandatos establecidos en el 24.2 de la Constitución, cuyo desconocimiento implicaría una vulneración del derecho al juez legal. El presente trabajo examina, a partir de la jurisprudencia constitucional, las exigencias que para el legislador se desprenden del contenido constitucionalmente prefigurado de este derecho, y analiza cómo en nuestro ordenamiento las normas legales pueden llegar a conculcarlo.

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2.16  
Que innoven ellos
Gabriel Doménech Pascual 28/04/2016

Por qué la ciencia jurídica española es tan poco original, creativa e innovadora

Cabe razonablemente sostener, con varios autores, que la ciencia jurídica española es relativamente poco original, creativa e innovadora, sobre todo si la comparamos con la de otros países. El presente trabajo tiene por objeto principal analizar los factores que han podido contribuir a conformar este rasgo característico de nuestra doctrina, a fin de señalar el lugar hacia el que probablemente deberían dirigirse los posibles remedios para tratar de combatirlo. Algunos de esos factores son comunes a prácticamente cualesquiera actividades y contextos. Otros son específicos del entorno institucional, cultural y social español.

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2.16  
El delito, ¿lesión de un bien jurídico?
Michael Pawlik 22/04/2016

La afirmación según la cual el Derecho penal sirve a la protección o aseguramiento de bienes jurídicos goza de un reconocimiento prácticamente unánime en la discusión jurídico-penal actual. Consiguientemente, el concepto material de injusto penal se define, en esencia, como la lesión de un bien jurídico. El presente trabajo pretende poner en cuestión esta extendida comprensión para, acto seguido, sentar las bases de una concepción del injusto penal alternativa, basada en la figura de la persona en Derecho y su competencia jurídico-penal por la indemnidad de concretos intereses ajenos.

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2.16  
Sobre el objeto de tutela en los delitos patrimoniales de apoderamiento (hurto, robo, robo y hurto de uso de vehículos de motor)
Emiliano Borja Jiménez 22/04/2016

Pese a que la conducta externa de los delitos de apoderamiento es idéntica, la doctrina y la jurisprudencia han concebido de forma diferente el bien jurídico protegido en el hurto y en el robo común (por un lado) y en el robo y hurto de uso de vehículos (por otro lado). También se han presentado teorías muy diversas en torno al lugar que ocupa en el objeto de tutela el derecho de propiedad y la posesión. En la presente contribución se ensayan dos tesis que unifican la interpretación del objeto formal de estas figuras delictivas en torno al derecho de propiedad y ubican la posesión en el desvalor de acción. Se fundamenta esta posición recurriendo a la respectiva naturaleza de infracciones de peligro concreto y de peligro abstracto, que se proyecta en su consideración como delitos de resultado o de mera actividad. De esta nueva interpretación se extraen consecuencias prácticas en relación con el mínimo de ofensividad de la relevancia penal de ciertos comportamientos humanos, los requisitos de la consumación, el entendimiento del ánimo de lucro o la diferenciación entre autor y partícipe.

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2.16  
Antecedentes penales y expulsión de personas inmigrantes
Elena Larrauri Pijoan 28/04/2016

Este artículo expone la problemática de los antecedentes penales a efectos de autorizar la residencia de ciudadanos de terceros países en España. Se critica la denegación automática de la autorización inicial de residencia por el hecho de tener antecedentes penales y el uso de los ‘antecedentes policiales’, así como la falta de criterios públicos para denegar la renovación de la autorización de residencia. En segundo lugar se aborda la expulsión administrativa como consecuencia de la condena (que incluye la expulsión directa cuando la pena privativa de libertad es mayor de un año y la expulsión indirecta por la no renovación de la autorización de residencia a causa de los antecedentes penales). Se finaliza con unas reflexiones sobre las consecuencias de carecer de la autorización de residencia para el cumplimiento de la pena privativa de libertad. This article addresses the importance of criminal records in order to authorize the residence of Third-country nationals in Spain. Three main criticisms are exposed: The automatic denial of the initial authorization of residence on the basis of a criminal record, the use of police records and the lack of public criteria for refusing renewal of the residence permit. On the second part the paper deals with the administrative expulsion as a result of the conviction (including direct expulsion when the custodial sentence is more than a year and the indirect expulsion for failure to renew the residence permit because of criminal records). The article ends with some thoughts on the consequences of not having a residence permit while serving the prison sentence.

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