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  Revista para el Análisis del Derecho Nº4 2014   ISSN 1698-739X English / CatalàContactar Abogares
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  Las revistas de Derecho
Fernando Gómez Pomar
Antoni Rubí Puig
23/10/2014

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  Derecho Privado / Derecho Catalán / Derecho Procesal / Derecho Penal / Criminología y Sistema de Justicia Penal / Trabajos de fin de grado   Los más leídos / Todos / Esta edición 4.14 / Histórico /
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Deberes de eficiencia y libertad de actuar
Pablo Salvador Coderch
Antoni Terra Ibáñez
Alberto Vega García
Anna Ginès i Fabrellas
Sergi Gálvez Duran 23/10/2014

En este trabajo, sus autores plantean la cuestión de si el derecho —el parlamento, el gobierno, los jueces— puede imponer, a individuos y a empresas, cargas, deberes u obligaciones de alcanzar o de mantener niveles determinados de eficiencia económica. Para responder a ello, los autores parten de dos conocidas distinciones: la primera, de naturaleza económica, es la que media entre beneficio contable y beneficio económico; y la segunda, de naturaleza jurídica, es la que se establece entre reglas y principios. A continuación analizan casos del derecho civil, fiscal, laboral y mercantil español en los cuales la cuestión planteada se ha resuelto afirmativamente. La mayor parte de los casos regulados por reglas se refieren a propietarios de inmuebles que se encuentran en situaciones precisamente definidas, mientras que, en los supuestos sujetos a principios, el derecho impone deberes de eficiencia a individuos u organizaciones cuyas actividades o funciones son muy generales: ex cónyuges, trabajadores, contratantes, gestores y administradores de compañías mercantiles. Las dos tesis principales defendidas en este trabajo son, en primer lugar, que el derecho puede ciertamente imponer deberes generales y omnicomprensivos de eficiencia mediante principios como, señaladamente, el de buena fe. En cambio, aunque el derecho puede también imponer deberes de eficiencia mediante reglas, estas han de ser suficientemente precisas y aplicarse a casos concretos, pues, por razones económicas y jurídicas analíticamente fundadas y contrastadas por la experiencia histórica, no resulta económicamente viable ni jurídicamente admisible dictar y aplicar reglas generales u omnicomprensivas que obliguen a individuos y a empresas comportarse eficientemente o de un modo que el parlamento, el gobierno, o los tribunales afirmen que es más eficiente que otro.

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Silvia Barona Vilar 23/10/2014

Luces y sombras en Europa

En los últimos tiempos la mediación ha permitido llenar aulas, revistas y libros. Su actualidad y su realidad han ido creciendo exponencialmente. Nuestro país ha sido receptivo, como todos los demás países de la UE, en la trasposición de la Directiva 2008/52/UE. Ese marco legal nacional europeo, sintetizado en este trabajo, ha propiciado una verdadera revolución en diversos profesionales que, probablemente por la situación de crisis económica, han percibido la mediación como vía profesional. De ahí la profusa capacitación de este último lustro. Este trabajo, obviando focalizarse en qué es la mediación y qué deben hacer quienes quieren ejercer la función mediadora, expone una visión que, a medio y largo plazo, podría perturbar y frustrar las bondades de la mediación ―que las tiene―. La mediación es hoy pieza del modelo de justicia del siglo XXI, convertida en un medio tuitivo que se ofrece al ciudadano y como tal puede incardinarse en lo que se viene denominando el Access to Justice. Ahora bien, el peligro del reduccionismo de la mediación por una visión economicista existe, tanto para los mediadores como para el Estado. Lo preocupante es esta visión del Estado ante la mediación, favoreciendo una reducción o minimización de los presupuestos para Justicia. La Justicia es un valor público y como tal debe continuar. La mediación es pieza de ese nuevo modelo de Justicia, pero no un ingrediente de reducción de lo público. En ese reduccionismo radica el peligro y posible frustración de la mediación.

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Spanish Courts, the Court of Justice of the European Union, and Consumer Law
Fernando Gómez Pomar
Karolina Lyczkowska 24/10/2014

A Theoretical Model of their Interaction

Preliminary references to the Court of Justice of the European Union by Spanish courts have experienced a sudden surge in the crisis years, and especially in the past two years. The content of those references is largely linked the protection of consumers facing foreclosures following mortgage loan default. We build a tentative theory of the behavior of Spanish civil and commercial courts based on the observed fact that Spanish courts have been confronted with a pressing social situation affecting large numbers of heavily indebted families, and on our hypothesis that the median court seems to have policy preferences over mortgage debtors protection diverging from that embodied in the Spanish substantive and procedural rules on the matter (both before and after the reforms undertaken post financial crisis). The opportunity to raise preliminary references on the compatibility of Spanish rules with Directive 93/13 changes the strategic interaction between the Spanish Government and the courts, allowing for enhanced opportunities, and reduced costs, for courts to satisfy their preferred policy outcomes as to protection of mortgage debtors. The recent pattern of references seems to fit well with the factors we identify as explaining a larger use of the preliminary reference option by courts.

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Problemas y perspectivas de las teorías expresivas de la pena
Gabriel Pérez Barberá 18/10/2014

Una justificación deontológica de la pena como institución

El objetivo de este trabajo es desarrollar una teoría expresiva de la pena que, a través de una perspectiva discursiva, sea capaz de justificar la desaprobación y la irrogación de un mal –en tanto que elementos definitorios de la pena– como prácticas institucionales, y de justificarlas no sólo frente a la sociedad sino también, y especialmente, frente al autor del delito. Ello obliga a proporcionar una fundamentación más sofisticada de las teorías mixtas de la justificación de la pena estatal, lo cual, de modo quizás algo sorprendente para la discusión en el ámbito europeo continental, requiere tener por base no una crítica sino una defensa de la retribución.

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Medidas de seguridad privativas de libertad: la regulación alemana y su reflejo en el proyecto de reforma del código penal español
Margarita Roig Torres 18/10/2014

En el Proyecto de reforma del Código penal las medidas privativas de libertad se vertebran en torno a la peligrosidad, abandonando los límites procedentes de la pena. Siguiendo el modelo de los §§ 63 y 64 StGB, se permite prorrogar el internamiento en centro psiquiátrico o educativo especial de modo indefinido, sin precisar además ninguna perspectiva de curación o mejora de la salud del interno. En cambio, el ingreso en centro de deshabituación cuenta siempre con un límite máximo, y se admite sólo cuando exista expectativa de superar la dependencia o de apartarse del consumo durante cierto lapso de tiempo. Parecen primar los respectivos objetivos de defensa social y de corrección ensalzados en el Derecho alemán. Además, se suprime la restricción de las medidas privativas de libertad a los delitos castigados con penas de igual naturaleza. El nuevo régimen jurídico descansa en el juicio de proporcionalidad, con la gravedad del hecho cometido, los delitos previsibles y la peligrosidad del sujeto, tomando como patrón el § 62 StGB. A todo ello, se suman novedades importantes en materia de ejecución. Se desvirtúa el sistema vicarial actual, descontando de la pena tan sólo un periodo de la medida cumplida, y en ciertos casos se autoriza a ejecutar antes una parte de la pena. La obstinación por proporcionar seguridad a los ciudadanos pone en jaque algunos principios constitucionales esenciales.

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Sanciones adicionales a delincuentes y exdelincuentes
José Luís Díez Ripollés 23/10/2014

Contrastes entre Estados Unidos de América y países nórdicos europeos.

La imposición a condenados y excondenados de sanciones adicionales afectantes a derechos políticos, civiles y sociales que no guardan relación con el delito cometido, y que a veces se imponen al margen del derecho penal, está demostrando una capacidad socialmente excluyente muy significativa. El trabajo valora este aspecto y confronta al mismo tiempo la realidad de estas sanciones en dos bloques de países con políticas criminales hipotéticamente muy diversas. El trabajo se inserta en una investigación más amplia sobre la dimensión inclusión / exclusión social como guía de la política criminal comparada.

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