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  Revista para el Análisis del Derecho Nº2 2018   ISSN 1698-739X English / CatalàContactar Abogares
  Editorial (1 de 1)
  El oficio de la buena prosa legal
Pablo Salvador Coderch 27/04/2018

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2.18  
Accidentes cero.
Sonia Ramos González
Pablo Salvador Coderch
Clara Atienza Jiménez
Amaia Forcada Rubio
Idoia Elizalde Salazar
Marina Buera Potau 29/04/2018

Incidencia en derecho de daños de políticas regulatorias de eliminación de accidentes de circulación mortales y muy graves

Desde 1997 Suecia ha aplicado la política regulatoria Accidentes Cero o Visión Cero al sector de los accidentes de circulación con el objetivo de reducir de manera progresiva el número de heridos graves y fallecidos hasta conseguir su eliminación en 2020. Este trabajo analiza los objetivos, metodología y resultados de esta política sueca y su influencia en la política española y catalana de seguridad vial. La tesis central de Visión Cero, desarrollada en las páginas que siguen, desplaza el centro de gravedad de la política regulatoria desde la precaución del conductor y la responsabilidad del propietario del vehículo a la calidad en las infraestructuras viarias y la seguridad de los vehículos. Visión Cero asume que el usuario cometerá errores, muchos de ellos inevitables por ser inherentes a la condición humana, y considera necesario diseñar, construir y mantener infraestructuras, viales y vehículos cada vez más seguros y más adaptados a la falibilidad de la condición humana. En el trabajo constatamos que esta política no persigue eliminar la relevancia de la negligencia leve ni, por supuesto, de la negligencia grave y del dolo como criterios de imputación subjetiva de responsabilidades civil, administrativa y penal, y que su aplicación hace patente la necesidad de coordinación de los múltiples agentes responsables en materia de seguridad vial en España.

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2.18  
Perseverare diabolicum (A propósito de la STS 26-II-2018 y la retribución de los consejeros ejecutivos)
Cándido Paz-Ares 27/04/2018

La ley establece que el sistema de retribución de los administradores debe ser establecido por los estatutos (art. 217.1 LSC) y que, dentro de dicho marco estatutario, corresponde a la junta general la fijación del importe concreto o del importe máximo de la remuneración (art. 217.3 LSC). Cuando la administración se organiza como consejo, el ámbito de aplicación de las citadas reglas es más limitado de lo que a primeramente vista pudiera parecer. Tratándose de consejeros ejecutivos, las reglas de la reserva estatutaria y de la competencia de la junta sólo resultan aplicables a su retribución qua consejeros, no qua ejecutivos. La competencia para retribuir las funciones ejecutivas eventualmente encomendadas a un consejero corresponde al propio consejo de administración que decide la encomienda (art. 249.3 y 4 LSC). Este entendimiento, pacífico tras la reforma de 2014, ha sido puesto en cuestión por la STS 26-II-2018, cuya aspiración es rehabilitar la llamada “doctrina del vínculo”. El presente trabajo somete dicha resolución a un detallado escrutinio crítico, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista normativo.

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2.18  
El control de transparencia de condiciones generales y cláusulas predispuestas en la contratación bancaria
Luis María Miranda Serrano 27/04/2018

Este trabajo analiza el doble control de transparencia —formal y material— que han de cumplir las entidades financieras cuando, como es lo habitual, recurren a la técnica de contratar a través de condiciones generales y cláusulas predispuestas. Se trata de controles con un alcance y una finalidad muy distintos. Además, uno de ellos —el de transparencia en sentido formal— es formulado expresamente por nuestro Derecho, mientras que el otro —el de transparencia en sentido material— ha sido elaborado por la jurisprudencia con el auxilio de la doctrina. El autor centra principalmente su atención en el control de transparencia en sentido estricto, que es el material o sustantivo —o control de transparencia cualificado, como también lo denomina nuestro Tribunal Supremo—. No en vano, dicho control suscita una problemática jurídica mucho más rica y compleja que el control de transparencia formal —o control de inclusión o incorporación, en terminología más clásica—. En concreto, analiza de forma detenida su estrecha conexión con la regla de las cláusulas sorprendentes, su aplicación por nuestros tribunales a los contratos bancarios —especialmente a las cláusulas suelo y multidivisa—, su fundamento o razón de ser, y su posible extensión a los contratos celebrados entre empresarios y/o profesionales (B2B) —ya que el Tribunal Supremo limita su aplicación exclusivamente a los contratos de consumo (B2C)—. Entre las materias abordadas, se insiste en la idea de que las cláusulas no trasparentes o sorprendentes, aunque referidas al objeto principal o parte económica del contrato, merecen reputarse irremediablemente abusivas por no haber sido conocidas —y consentidas— por los adherentes cuando emitieron sus consentimientos negociales.

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2.18  
El papel de la buena fe en el Derecho contractual inglés
M. Natalia Mato Pacín 25/04/2018

El reconocimiento de la buena fe, elemento central del Derecho de contratos en los Ordenamientos jurídicos continentales, ha sido tradicionalmente una de las características diferenciadoras respecto del sistema inglés. Una sentencia recaída en 2013, Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd, parece haber revitalizado en los últimos años el debate acerca del encaje de esta figura en el Derecho contractual inglés. Tomando como punto de partida dicha resolución, el presente trabajo tiene como objeto determinar si este aparente mayor interés por la buena fe tiene reflejo en una aceptación generalizada por parte de los Tribunales. Para ello, se revisa la jurisprudencia inglesa en la que el deber de buena fe ha desempeñado algún papel en materia contractual. Así, se analizan los mecanismos a través de los que, en su caso, se ha dado entrada a esta figura (principalmente, los implied terms), intentando delimitar los supuestos en los que la buena fe tiene presencia y la intensidad y singularidades de su reconocimiento.

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2.18  
La doble maternidad tras la reforma del artículo 7.3 LTRHA y la resolución de la DGRN de 8 febrero de 2017: ¿Realmente avanzamos o hemos retrocedido?
María Belén Andreu Martínez 27/04/2018

La regulación de la doble maternidad legal en el ordenamiento jurídico español a través del art. 7.3 LTRHA ha planteado desde el inicio muchos problemas, tanto desde el punto de visto de los requisitos exigidos por dicho precepto, como respecto a la incardinación de este supuesto en el sistema general de filiación. La reforma operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, no ha venido a solucionar ninguna de estas cuestiones y plantea, además, nuevas dudas interpretativas. La insuficiencia del art. 7.3 LTRHA está siendo suplida en la práctica por los aplicadores del derecho (los tribunales y la Dirección General de los Registros y del Notariado –DGRN-). En este trabajo se analizará la situación actual de la determinación de la filiación en el caso de matrimonios de mujeres (tras la reforma del año 2015) y la admisión por parte de la DGRN de un nuevo mecanismo de determinación de la doble maternidad (al margen del uso de las técnicas de reproducción humana asistida), destacando los problemas que se plantean y la necesaria reforma integral del sistema de filiación que permita darle coherencia y seguridad jurídica.

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2.18  
El Derecho jurisprudencial penal
Massimo Donini 30/04/2018

Colisiones verdaderas y aparentes con la legalidad y sanciones por ilícitos interpretativos

El trabajo analiza el concepto, el desarrollo actual y casos paradigmáticos del Derecho jurisprudencial penal, en relación a las cuestiones de la jurisprudencia-fuente, del precedente, y de los límites constitucionales de la reserva de ley, la taxatividad y la prohibición de la analogía. La consolidación de la categoría del ilícito interpretativo por violación del principio de irretroactividad de las modificaciones (o de los productos) jurisprudenciales imprevisibles, pero legítimos, se analiza, por lo tanto, en relación a los casos sustraídos a dicho principio (Derecho-concretización e individualizador, es decir, analogía oculta) y a aquéllos que, en cambio, están sometidos a él, en la distinta incidencia de la regulación de la ignorantia legis y del papel nomofiláctico de las Secciones Unidas y de las Cortes supremas. El estudio concluye con una revisión reconstructiva de la relación entre previsibilidad del Derecho y silogismo judicial.

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2.18  
Gracia y justicia: el lugar de la clemencia (En torno a la pena natural)
Alfonso Ruiz Miguel 30/04/2018

El estudio analiza la relación entre el derecho de gracia y la clemencia, entendida esta última estrictamente como compasión. Tras observar el reducido espacio que tal forma de clemencia tiende a tener en los sistemas penales actuales, el estudio examina extensamente la pena natural como caso disputado de clemencia. El estudio concluye analizando las complejas relaciones entre clemencia e igualdad.

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2.18  
El uso de valoraciones del riesgo de violencia en Derecho Penal: algunas cautelas necesarias
Lucía Martínez Garay
Francisco Montes Suay 27/04/2018

La valoración del riesgo de violencia o de reincidencia con herramientas estructuradas, que cada vez está más presente en el ámbito de la justicia penal, es un procedimiento complejo, y para comprender correctamente sus resultados es necesario un conocimiento mínimo de algunos conceptos estadísticos. La forma en que usualmente se presenta en la literatura criminológica especializada la información sobre la capacidad de estas herramientas para predecir con acierto el riesgo de violencia no favorece una correcta interpretación de su alcance, pues se tiende a destacar aquellos aspectos en que estas herramientas funcionan mejor, y a subrayar mucho menos aquéllos otros en que sus resultados son más pobres, haciendo hincapié además en indicadores que pueden tener escasa relevancia para la práctica judicial. Este trabajo pretende ilustrar sobre la complejidad de esta problemática con el ejemplo del área bajo la curva ROC (AUC), y advertir sobre el peligro de que se extienda un optimismo injustificado sobre el rendimiento de estas herramientas, que en el ámbito forense podría favorecer la toma de decisiones limitativas de derechos fundamentales de los acusados o condenados carentes de suficiente fundamento, y en el ámbito de la política criminal puede alentar la proliferación de instituciones jurídicas cuyo presupuesto sea el riesgo de reincidencia en la creencia de que dicho riesgo puede comprobarse empíricamente con facilidad, cuando ello no es así.

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