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  Revista para el Análisis del Derecho Nº3 2012   ISSN 1698-739X English / CatalàVer última edición Abogares
  Editorial (1 de 1)
  Un cuento de dos legisladores
Fernando Gómez Pomar 23/07/2012

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  Derecho Privado / Derecho Catalán / Derecho de la Persona y Familia / Derecho Comparado / Derecho Procesal / Derecho Penal   Los más leídos / Todos / Esta edición 3.12 / Histórico /
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3.12  
Nombramiento y cese de los consejeros minoritarios
Mª Isabel Sáez Lacave 23/07/2012

En este trabajo se indaga el fundamento normativo de las vías de nombramiento y cese de los administradores de las sociedades que cuentan con consejo de administración, sobre todo en relación con los consejeros nombrados a través del sistema de representación proporcional previsto en nuestro ordenamiento. A tal fin se revisan las perspectivas doctrinales y jurisprudenciales que han ido modulando la interpretación conjunta de los artículos que regulan la materia. En especial, se analiza la doctrina del competidor como fundamento de la separación de administradores nombrados por la minoría. En estas páginas se ofrecerán soluciones alternativas para sistematizar los arts. 223 y 224 LSC en concordancia con lo dispuesto en el art. 243 LSC.

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3.12  
La preferencia de los créditos futuros garantizados con prenda tras la reforma del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal
Eduardo Geli Fernández-Peñaflor
Eloi Colldeforns Papiol 23/07/2012

La reciente modificación del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal ha sido mayoritariamente interpretada por la doctrina como una regulación de la oponibilidad concursal de la prenda “de” créditos futuros, a pesar de que la letra de la reforma habla, en sus propios términos, de prenda “en garantía” de créditos futuros. El presente trabajo tiene por objetivo estudiar la interpretación del artículo y, desde su literalidad, analizar su razonabilidad y sentido como norma de preferencia concursal.

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3.12  
Medidas relativas a los hijos menores en caso de ruptura. Especial referencia a la guarda
Dolors Viñas Maestre 23/07/2012

El trabajo analiza las reformas introducidas por la Ley 15/2005, de 8 de julio –que modificó el Código Civil en materia de guarda de los hijos menores en caso de ruptura matrimonial y no matrimonial–, y las reformas legislativas posteriores introducidas por algunas comunidades autónomas en esta materia, así como la aplicación de dicha normativa por parte de los tribunales. Se constata la necesidad de clarificar conceptos y contenidos ante un fenómeno, el de la denominada custodia compartida, que ha generado y sigue generando importantes debates sociales y que ha sido asumida como bandera por parte de algunas organizaciones. El trabajo destaca los diferentes modelos legales de guarda y custodia, así como la diferencia existente en la terminología empleada en las distintas legislaciones, y plantea si dichas diferencias están o no provocando diversas soluciones y, en definitiva, si la pluralidad legislativa está dando lugar a una desigualdad de trato de los ciudadanos según resulte aplicable una u otra legislación. Se analizan los criterios legales que deben ser tenidos en consideración para acordar la modalidad de guarda más adecuada en cada caso y cómo se están valorando estos criterios por los tribunales en aras a concretar de una forma lo más objetiva posible el interés del menor. Por último se hace una especial referencia a la incidencia que la medida de la guarda de los menores tiene en otras medidas derivadas de las rupturas matrimoniales y no matrimoniales, como las relativas al uso del domicilio y la pensión de alimentos y la regulación de estas medidas en la legislación de algunas comunidades autónomas.

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3.12  
La función de las obligaciones precontractuales de advertencia en la formación del contrato de servicios (Estudio de Derecho Contractual Europeo)
María Teresa Alonso Pérez 23/07/2012

En particular, sus diferencias con las obligaciones precontractuales de información y su función en orden a la determinación del objeto u objetos del contrato

El artículo 1:103 de los Principles of European Law Services Contract y el art. IV.C.2:102 del Marco Común de Referencia contemplan unas denominadas “obligaciones precontractuales de advertencia”. Se conciben como específicas de los contratos de servicios pero aplicables a cada uno de los tipos de contratos de servicios que estos textos recogen. Se trata de obligaciones de información y se ubican en la fase de negociación del contrato, pero, pese a ello, no pueden asimilarse al prototipo de obligación precontractual de información. Las diferencias existentes entre unas y otras determinan una distinta funcionalidad que, en ambos casos, tiene que ver con la formación del contrato. Sin embargo, las obligaciones precontractuales de advertencia no vienen a prevenir posibles asimetrías informativas sino que su función, habida cuenta de sus características, tiene que ver con la concreción del objeto u objetos en el momento de perfeccionarse el contrato. Estas obligaciones viabilizan que los sujetos que negocian concreten en el más alto grado posible el servicio a prestar y el precio. Suponen, en definitiva, una adaptación de las normas sobre formación del contrato a las especificidades propias de la contratación de servicios, en los que es habitual que no estén determinados los objetos –ni el servicio ni el precio– en el momento de perfección del contrato.

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3.12  
El intercambio de información fiscal entre los Estados y su incidencia probatoria
María Rodríguez- Bereijo León 23/07/2012

Este artículo repasa los principales avances producidos en el ámbito de la cooperación fiscal internacional y el intercambio de información fiscal entre los Estados en el ámbito europeo y analiza la última Directiva comunitaria 2011/16/UE, de cooperación administrativa en materia fiscal. Esta nueva Directiva inaugura una nueva etapa en la cooperación fiscal internacional e introduce algunas novedades de interés en relación con la validez probatoria de los informes y documentos intercambiados entre los Estados. Sin embargo, el intercambio de información fiscal entre los Estados presenta importantes limitaciones que inciden en la obtención de información y en el desarrollo de la actividad probatoria entre la Administración y los contribuyentes. Este artículo analiza algunas de estas incidencias al hilo de algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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3.12  
El primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis integral de las cuestiones jurídicas
Kai Ambos 23/07/2012

El 14 de marzo de 2012, la Sala de Primera Instancia I (en adelante, la Sala) de la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI o la Corte) dictó el muy ansiado primer fallo de la Corte (en adelante, el fallo); el 10 de julio Lubanga fue condenado a 14 años de prisión. Este comentario se enfoca exclusivamente en las cuestiones jurídicas que fueron abordadas en el fallo pero pretende hacerlo de manera integral. Los siguientes cinco temas, junto con sus respectivas cuestiones jurídicas, serán abordados críticamente: la definición y participación de las víctimas; la presentación y valoración de las pruebas; la índole del conflicto armado; el crimen de guerra de reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años (artículo 8(2)(e)(vii) del Estatuto de la CPI); y por último, si bien no menos importante, la coautoría como modo de responsabilidad, incluyendo el elemento subjetivo (artículos 25, 30). A pesar de que este artículo sigue el orden del fallo para la conveniencia del lector y para mejor capturar la secuencia argumentativa del mismo, la extensión y profundidad del análisis que se haga de cada uno de los temas, así como de sus respectivas cuestiones jurídicas, dependerán de su importancia para la jurisprudencia futura de la Corte al igual que del convencimiento que genere el tratamiento que la Sala misma haga del asunto. Este artículo concluye con algunas observaciones generales sobre aspectos relativos a la redacción, la presentación y sobre la citación de referencias.

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3.12  
Libertad, culpabilidad y neurociencias
Diego-Manuel Luzón Peña 24/07/2012

Es permanente la discusión de si es posible un concepto de culpabilidad como reprochabilidad basada en la libertad del sujeto o si por el contrario no se puede mantener tal concepto de culpabilidad porque la libertad humana no existe o no es demostrable en el caso concreto. Esta última posición, defendida siempre por los deterministas, se refuerza en los últimos tiempos por las tesis de las neurociencias. El trabajo rechaza estas posiciones, que afirman que la actuación del hombre está sometida, como todo en la naturaleza, a la ley de la causalidad ciega y que es un espejismo creer que podemos tomar racionalmente decisiones libres; y defiende por el contrario la posibilidad y conveniencia de que la culpabilidad como último elemento del delito se entienda como reprochabilidad basada en la libertad del hombre en condiciones normales. Pues el Derecho y la Constitución en España como en tantos otros países parten de la libertad humana y el libre desarrollo de la personalidad como axioma o aserto jurídico indiscutible, que a su vez se basa en la autoconciencia que las sociedades y los individuos tienen de sí mismos como seres libres y responsables.

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3.12  
¿Restrictivo o deferente? El control de la ley penal por parte del Tribunal Constitucional
Juan Antonio Lascuraín Sánchez 23/07/2012

Veinticinco leyes penales han sido objeto de control de constitucionalidad. Como ilustra la jurisprudencia constitucional sobre el principio de proporcionalidad, en esta labor el Tribunal Constitucional ha sido un tribunal restrictivo en la interpretación del marco constitucional penal pero deferente en el juicio final de inclusión de la norma en dicho marco. Además de razones de convicción, existen razones prácticas para esta deferencia, de la que las sentencias interpretativas son expresión: evitar la desprotección social que comportaría la anulación de una norma penal cuya inconstitucionalidad no sea plena.

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