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  Revista para el Análisis del Derecho Nº4 2012   ISSN 1698-739X English / CatalàVer última edición Abogares
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  ¿Et in Arcadia ego?
Fernando Gómez Pomar 29/10/2012

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  Derecho Privado / Derecho Catalán / Derecho de la Persona y Familia / Derecho Comparado / Derecho Penal / Derecho Constitucional   Los más leídos / Todos / Esta edición 4.12 / Histórico /
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4.12  
Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal ("baremo")
Miquel Martin Casals 29/10/2012

Líneas generales de los trabajos de la “Comisión de expertos”

A propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP), se constituyó en setiembre de 2010 una Comisión para estudiar la reforma del sistema de valoración del daño corporal causado en accidentes de circulación, conocido popularmente como el “baremo” que, mediante Orden Comunicada de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia, se constituyó oficialmente en “Comisión de Expertos” en julio de 2011. En esta Comisión participan, entre otros, representantes de las Asociaciones de Víctimas, de UNESPA, de la Fiscalía de Seguridad Vial y del Consorcio de Compensación de Seguros y este artículo tiene por objeto presentar las líneas generales del estado de los trabajos que durante dos años ha llevado a cabo la Comisión hasta su ampliación en setiembre de 2012.

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4.12  
El nuevo desarrollo de la dogmática jurídico-penal en Alemania
Claus Roxin 29/10/2012

Este artículo se corresponde con el discurso pronunciado por el Prof. Claus Roxin el 30.5.2009 con motivo del 60 aniversario de la Sociedad Japonesa de Derecho Penal en Tokio, a invitación de su miembro permanente, el Prof. Makoto Ida. En el mismo, el Prof. Roxin presenta de forma crítica los rasgos fundamentales de los dos desarrollos del sistema jurídico-penal post-finalistas que mayor repercusión internacional han alcanzado. El primero es el sistema por él mismo desarrollado y fundamentado político-criminalmente, el segundo, el elaborado por el Prof. Jakobs, basado en la teoría de sistemas.

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4.12  
El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?
Aurea Suñol Lucea 29/10/2012

Existe una marcada tendencia en la jurisprudencia del TJUE y, a su calor —a veces—, en la de los tribunales nacionales, a fortalecer el derecho de marca sin reparar en las implicaciones que ello puede tener sobre libertad expresión y la libre competencia. Un ejemplo claro de esta tendencia expansiva son los últimos desarrollos jurisprudenciales habidos sobre el presupuesto básico del ilícito marcario y, en concreto, sobre el requisito de “uso en el tráfico económico para productos o servicios”. En este trabajo analizamos el sentido y alcance de este presupuesto de acuerdo con la jurisprudencia más reciente y sostenemos que la tesis que exige la concurrencia de la tradicional exigencia de uso a título de marca en sentido estricto es la que mejor se ahorma tanto la Directiva de marcas como la función que las marcas desempeñan (o debieran desempeñar). Por ello, abogamos por restablecerla y, complementariamente, por reinterpretar la noción de riesgo de confusión. No obstante, puesto que el TJUE ha debilitado o abandonado esta exigencia, defendemos, también, que existen usos irrelevantes o inocuos que, de conformidad con su doctrina, quedan fuera del ámbito de protección del derecho marca; y que es preciso interpretar el requisito de uso en el tráfico económico con mucha más cautela.

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4.12  
Nuestros juristas y sus congresos
Gabriel Doménech Pascual
Miguel Puchades Navarro 29/10/2012

Numerosas comunidades científicas –también muchas de las integradas por juristas– suelen celebrar periódicamente congresos generales, en los que se llama a participar a todos sus miembros. Tras poner de manifiesto los fines y las externalidades positivas que pueden derivarse de estas reuniones, que eventualmente podrían justificar sus costes sociales y, en particular, los considerables recursos públicos que, directa o indirectamente, suelen invertirse en su celebración, los autores analizan los diferentes modelos con arreglo a los cuales cabe organizar tales eventos a fin de maximizar su utilidad social, cuáles son las prácticas al respecto de las más importantes comunidades científicas españolas de juristas y por qué estas prácticas no siempre se ajustan a lo que parece exigir el interés público.

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4.12  
La modificación del criterio de adquisición de la personalidad civil: un análisis desde el derecho civil catalán
Carles Enric Florensa i Tomàs 29/10/2012

A pesar de que desde hacía ya mucho tiempo existían razones sociales, médicas y jurídicas más que sobradas, han tenido que pasar más de ciento veinte años (1889-2011) para que se llevara a cabo la necesaria reforma del obsoleto artículo 30 CC., mediante la cual se ha prescindido, por fin, de la extraña, por anómala, y criticada condicio iuris – figura humana y supervivencia independiente más allá de las primeras 24 horas - que caracterizaba la adquisición de la personalidad civil en el Derecho español, sin parangón en los ordenamientos de su entorno jurídico. El nuevo criterio, fundamentado únicamente en el nacimiento entendido desde su consideración jurídica –desprendimiento del seno materno -, permite prescindir, desde este “momento”, de cualquier limitación a la proyección jurídica, tanto personal como patrimonial, del recién nacido, incluyendo por tanto los efectos sucesorios mortis causa. El desencadenante de la novedad legislativa, vehiculada por la nueva Ley del Registro Civil (2011), no fue otro que la regulación dispensada con anterioridad (2010) por el artículo 211-1.1 del Código civil de Cataluña, que hizo descansar ya en el mero nacimiento la atribución de la personalidad civil. Tanto la tramitación parlamentaria de la modificación del art. 30 CC. como el desenvolvimiento de la cuestión competencial planteada por el Gobierno del Estado en contra del precepto catalán, confirman, en un proceso de mutua interferencia, la influencia determinante que sobre la reforma llevada a cabo tuvo la decisión de Cataluña de legislar sobre esta materia.

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4.12  
Régimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamiento español y alemán
María Serrano Fernández 29/10/2012

En el Derecho español, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril formula en la sección I, capítulo V del Título I un conjunto de principios imperativos aplicables a toda cesión inter vivos de los derechos de explotación. En el Derecho alemán esta materia se encuentra regulada en los artículos 28 y siguientes de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) de 9 de septiembre de 1965. El análisis de Derecho comparado realizado en este trabajo revela que el régimen jurídico de las transmisiones inter vivos de los Derechos de Autor en uno y otro ordenamiento es similar en muchos aspectos; ello es debido, en parte, al proceso de armonización impulsado por la Unión Europea en esta materia a efectos de lograr el establecimiento de un mercado interior garantizando, al mismo tiempo, un adecuado nivel de protección. No obstante, también es posible advertir que existen diferencias relevantes entre ambas legislaciones entre las que destaca la especial relevancia que la UrhG atribuye a la buena fe (Treu und Glauben) como principio general que delimita las facultades atribuidas al autor de la obra intelectual, o la admisibilidad de los contratos sobre derechos morales, frente a la naturaleza inalienable que ostentan estos derechos en la legislación española. En el presente trabajo se destacan igualmente otras particularidades del régimen de cesión inter vivos de derechos patrimoniales en el Derecho alemán, tales como la admisibilidad de los contratos de explotación respecto de medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión, o la ausencia de una forma especial para los contratos de concesión de derechos de uso, salvo las excepciones previstas en la norma.

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4.12  
Ejecución de penas y principio de legalidad ante el TEDH
Jon-Mirena Landa Gorostiza 29/10/2012

A propósito del caso Del Río Prada c. España, STEDH, 3ª, 10.07.2012 (42750/09) y la aplicación de la doctrina Parot

En una primera aproximación a la doctrina interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) las garantías inherentes al principio de legalidad recogido en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH) se despliegan esencialmente respecto de la definición de los delitos y las penas. Una mirada más atenta, sin embargo, revela matices que ponen en tela de juicio que dicho artículo 7 no deba proyectarse también sobre la fase de ejecución de las penas con un estándar igualmente riguroso. La presente contribución se centra en describir, contextualizar y fundamentar esta tendencia expansiva de las garantías del principio de legalidad en la jurisprudencia del TEDH. Para ello también será objeto de estudio la Sentencia del TEDH de 10 de julio de 2012, caso Del Río Prada c. España, como último ejemplo paradigmático al respecto.

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4.12  
Los crímenes de la guerra civil española: ¿Responsabilidad del Estado Español por infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos?
Alicia Gil Gil 29/10/2012

Análisis de la decisión del TEDH de 27 de marzo de 2012, caso Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz contra España, y de sus antecedentes en la jurisdicción española

El presente artículo analiza la primera decisión del TEDH inadmitiendo la demanda contra España interpuesta por familiares de las víctimas de los crímenes de la guerra civil y sus antecedentes ante la jurisdicción española: Se comentan por tanto diversas resoluciones judiciales, desde el Auto de Baltasar Garzón de 16 de octubre de 2008, pasando por la sentencia del Tribunal Supremo en la que declara los hechos prescritos y amnistiados e inaplicables los tipos penales internacionales, hasta llegar a la decisión de inadmisibilidad del TEDH de 27 de marzo de 2012, en el caso GUTIÉRREZ DORADO y DORADO ORTIZ contra España. En ella el Tribunal pone límites a su reciente doctrina de las obligaciones procesales continuadas que le había permitido aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos de forma retroactiva.

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