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  Revista para el Análisis del Derecho Nº2 2006   ISSN 1698-739X English / CatalàVer última edición Abogares
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  InDret Derecho Penal
Jesús-María Silva Sánchez 24/04/2006

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2.06  
Diez sentencias del Tribunal Supremo sobre responsabilidad civil (2005)
Antonio Fernández Crende 28/04/2006

InDret presenta la segunda selección anual de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad civil. El año pasado, en InDret 3/2005, el lector ya pudo disponer de diez de las sentencias más relevantes del 2004 y, a continuación, se recomiendan otras diez del 2005 que, sin duda, plantean cuestiones interesantes sobre algunos tópicos del derecho de daños, esto es, daño, conducta, relación de causalidad entre el primero y la segunda e imputación objetiva y subjetiva.

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2.06  
El art. 31.2 del Código penal
Jesús-María Silva Sánchez
Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno 24/04/2006

¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas o mero aseguramiento del pago de la pena de multa?

Mediante la LO 15/2003, el legislador introdujo en el CP el art. 31.2, una nueva disposición según la cual las personas jurídicas estarán, en ciertos casos, obligadas de forma directa y solidaria al pago de la multa penal impuesta a sus representantes. Según la Exposición de Motivos, con esta reforma "se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas", una rotunda declaración que contrasta con las múltiples dudas planteadas al respecto por la doctrina jurídico-penal. En este trabajo se muestra que las dudas doctrinales están justificadas y que la atribución de naturaleza penal a esta disposición resulta inadecuada. En un segundo paso, se procede a determinar la naturaleza atribuible a la creación legislativa. Por un lado, se analiza la propuesta mayoritaria en la doctrina penal, que afirma que estamos ante un supuesto de responsabilidad civil; por otro, se profundiza en una posibilidad hasta ahora no explorada: entender que estamos ante un supuesto atípico de aseguramiento de una deuda de Derecho público. En ambos casos se muestran las consecuencias que se seguirían para tres problemas no resueltos por el texto legal: el régimen de imputación subjetiva de la persona jurídica, la existencia o no de un derecho de regreso por su parte y, finalmente, la posibilidad de asegurar la responsabilidad. En un último apartado, los autores concluimos que la mayoría de los argumentos apuntan a que estamos ante la segunda de las alternativas mencionadas: un supuesto atípico de aseguramiento de una deuda de Derecho público.

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2.06  
Responsabilidad por daños al medio ambiente y por contaminación de suelos: problemas de relación
Fernando Gómez Pomar
Mª Àngels Gili Saldaña 28/04/2006

El Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, de 17.1.2006, ha incluido en su ámbito de aplicación materias que se encuentran sujetas, a su vez, a las reglas de responsabilidad civil general para los daños causados a bienes o intereses ajenos (arts. 1902 y ss. Código Civil), así como a las disposiciones sobre responsabilidad por limpieza y recuperación que resultan de la declaración de un suelo como contaminado (arts. 27 y ss. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos). En este trabajo se apuntan los problemas de interrelación entre los regímenes de responsabilidad previstos por estas normas y se analizan, de manera más extensa, las diferencias entre los regímenes responsabilidad del Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental y de la Ley de Residuos.

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2.06  
Sin opción
Oriol Mir Puigpelat 14/07/2006

Comentario a la STS, 1ª, 17.2.2006, por la que se niega el derecho de opción de las víctimas de exigir responsabilidad civil a los funcionarios públicos ante los órganos de la jurisdicción ordinaria

Actualmente, tras la reforma del art. 146.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC) llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, nadie duda ya que las víctimas de daños causados por los funcionarios y demás agentes públicos en el ejercicio de sus funciones están obligadas a dirigir su reclamación indemnizatoria a la Administración a la que aquellos pertenezcan, sin poder demandarles ante los órganos de la jurisdicción civil en exigencia de su responsabilidad extracontractual. Según el art. 145 LRJPAC, la víctima deberá reclamar directamente a la Administración ­iniciando la tramitación del procedimiento administrativo específico previsto en los arts. 142 y 143 LRJPAC e interponiendo, eventualmente, recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria que le ponga fin­, y ésta, una vez haya satisfecho la indemnización, ejercerá acción de repetición contra el funcionario o agente responsable cuando el mismo haya ocasionado el daño con dolo o culpa grave. Ya no existe, por tanto, el genérico derecho de opción anteriormente reconocido por el art. 43 de la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957.

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2.06  
La confidencialidad en el ámbito médico: aspectos problemáticos del deber de secreto en la interrupción del embarazo de una menor de edad
Alejandra de Lama Aymà 28/04/2006

A propósito de la suspensión cautelar de algunos artículos del Código Deontológico de la medicina catalana y la posición de la justicia británica con relación a la confidencialidad del aborto de la menor de edad en el Reino Unido

Si el menor no tiene madurez para consentir tratamientos e intervenciones médicas, lo harán sus representantes legales por lo que decae aquí el deber de secreto médico en relación a padres o tutor mientras que, cuando el menor tiene capacidad para consentir, deberá respetarse, como norma general, la confidencialidad. Especialmente polémica es esta cuestión en relación a la interrupción voluntaria del embarazo de una menor pues la legislación sanitaria parece exigir la mayoría de edad para consentir por lo que los representantes deberían ser informados siempre del embarazo para consentir o no el aborto. En este trabajo se presentan argumentos para interpretar de forma flexible esta previsión de forma que en determinados casos la menor pueda consentir por sí misma el aborto y tenga la posibilidad de exigir confidencialidad al personal sanitario.

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2.06  
Legal aspects of global climate change and sustainable development
Jaap Spier 24/04/2006

Global warming stemming from human activities tends to damage the eco-systems in such a way that poor countries as well as future generations are likely to be highly affected. This paper suggests that this problem may be appropriately conducted within a legal framework that seeks to align the general interest in the long term with the dictates of the political and private interest in the short term. Although the framework actually poses many shortcomings, such as uncertainty and difficulties in terms of proving causation, they can be overcome.

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