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En torno al Proyecto de reforma del Código penal de 2009

La política criminal española de los últimos años en materia de inmigración se ha venido caracterizando por el excesivo número de supuestos en los que se recurre a la expulsión del inmigrante y por el rigor con que se castigan las conductas de favorecimiento de la inmigración irregular. La reciente modificación de la legislación sobre extranjería y el proyecto de reforma del Código Penal permiten al juez cierta flexibilidad en el régimen legal de la expulsión y superan la actual confusión entre trata de personas e inmigración irregular.

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Una de las cuestiones más controvertidas en la problemática de la justicia de transición es la relativa a las Comisiones de la Verdad. En este artículo se analizan estos órganos de investigación desde el prisma de la obligación de proveer justicia ante las graves violaciones de derechos humanos y se plantea en qué condiciones una fórmula basada en la verdad y la reparación puede servir a los fines de la justicia penal.

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La regulación penal española de la trata de personas está actualmente encuadrada en un grupo de normas penales que responden a una política criminal claramente determinada por las exigencias de la política migratoria estatal y de la Unión Europea. Se detecta un perverso enfoque trafiquista de la prohibición que incrimina la trata de personas, que aparece confundida y mezclada con la criminalización del tráfico de personas en el art. 318 bis Cp. La presente contribución alerta sobre la necesidad de reforma de la norma y la urgencia de incorporar un delito autónomo e independiente de trata de personas, sin aguardar a la, siempre impredecible, tramitación del Proyecto de Reforma del Código penal.

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El discurso políticocriminal de la última década en España se ha desarrollado bajo el paradigma del derecho penal del riesgo. Sin embargo, el signo de las últimas reformas tiene un marcado carácter securitario. Desde el año 2003 como mínimo, el legislador ha asumido el modelo del derecho penal de la seguridad ciudadana en casi todas sus iniciativas de reforma del código penal. Aquí se sostiene la tesis de que, además, este modelo se está extendiendo al derecho administrativo sancionador. Ello se refleja en algunos preceptos recientemente incorporados al derecho punitivo administrativo, marcados por un aumento del carácter aflictivo del ius puniendi administrativo, así como por una intensificación de elementos estigmatizantes.

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El BGH revocó una sentencia en la que se había absuelto por tráfico de estupefacientes a una persona que comercializaba con hongos alucinógenos. Aunque el Anexo de la BtMG menciona a las "plantas" pero no a los "hongos", el Tribunal consideró, atendiendo al uso ordinario de los términos, que los hongos deben asimilarse a las "plantas". En su interpretación, el BGH contrapone el lenguaje ordinario con el lenguaje técnico y da preferencia al primero, obviando, por lo tanto, que según la biología los hongos y las plantas pertenecen a reinos distintos. Frente a ello, las teorías de la referencia directa defienden que, en ocasiones, es precisamente el uso ordinario el que nos remite a los desarrollos teóricos de los expertos.

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Recensión a Amitai Etzioni, The Limits of Privacy (1999), New York: Basic Books, 280 págs.

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