Derecho Penal
  Revista para el Análisis del Derecho Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inicio Abogares
  Dirección: Jesús María Silva Sánchez
Subdirección: Ricardo Robles Planas
  Secretaria de redacción: Nuria Pastor Muñoz
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4.19  
Los tres ámbitos de la dogmática jurídico-penal
Jesús-María Silva Sánchez 29/10/2019

Una defensa de la racionalidad valorativa

Este trabajo parte de la distinción de tres ámbitos de actividad intelectual de la dogmática del Derecho penal. Consiguientemente, distingue tres clases básicas de enunciados: analíticos, normativos e interpretativos. A continuación, critica el reduccionismo del ámbito de la dogmática inherente al cientificismo, al formalismo y al “democratismo”, que pretenden excluir de aquel a los enunciados valorativos. Pone de relieve la ineludible necesidad de enunciados normativos –de asignación de sentido, de valoración y de imputación– en la dogmática del Derecho penal. Establece las bases de la racionalidad de los enunciados normativos y concluye con sendas críticas al legalismo y al decisionismo valorativo.

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4.19  
La progresiva ampliación del ámbito típico del delito de corrupción privada
Pilar Otero González 29/10/2019

Se analiza el nuevo delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios -tras su modificación por LO 1/2015 y LO 1/2019-, consistente en el pago de sobornos para obtener ventajas competitivas en el sector privado (art. 286 bis). La LO 1/2015, entre otras cuestiones de menor calado, elimina la exigencia del “incumplimiento de las obligaciones” en la relación comercial objeto de soborno, lo que parece indicar que el Legislador ha optado por incriminar un modelo puro de competencia desleal. La LO 1/2019 cumpliendo con las Directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), adelanta la barrera punitiva de la conducta típica en el cohecho pasivo de este delito subsanando la disfunción que existía con la modalidad de corrupción activa, en coherencia con la tipificación del cohecho pasivo de ámbito público.

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4.19  
Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la luz de la LO 1/2015, de 30 de marzo
Elena Górriz Royo 29/10/2019

El Derecho penal español cuenta, a consecuencia de las reformas penales de LO 5/2010 y 1/2015, con el llamado compliance ambiental como expediente con el que es posible eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas que cometan alguno de los delitos contra el medio ambiente del Capítulo III, Título XVI del Código penal. El análisis de dichos criminal compliance programs, se revela esencial dado que los delitos ambientales son uno de los característicos “corporate risks” que, de forma bastante frecuente en los ordenamientos de nuestro entorno jurídico, fundamenta la responsabilidad penal de las empresas. Así lo demuestra la experiencia en Derecho penal estadounidense de donde proceden los environmental compliance cuyos rasgos básicos son analizados en este trabajo para examinar si sus funciones y contenido esencial son extrapolables a lo que el Derecho penal español denomina programas eficaces de prevención, en medio ambiente, a efectos de limitar la responsabilidad penal de aquellos entes, derivada del art. 328 CP. En especial, se analizan las posibilidades y límites para imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos ambientales imprudentes o por las llamadas prevaricaciones ambientales. Y, por último, se propone el contenido mínimo básico que aquellos compliance programs deberán contener, por referencia a los mapas de riegos y al análisis del peligro.

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4.19  
Compliance más allá de la ciencia penal
Javier Cigüela Sola 29/10/2019

Aportaciones de la sociología de las organizaciones al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal

El presente artículo tiene como objetivo realizar una aproximación a lo que las ciencias no normativas −la sociología de la organización, pero también la criminología y la psicología social− pueden aportar al análisis jurídico-penal del compliance y de la criminalidad corporativa, y ello en relación a dos cuestiones diferenciadas: (i) a la tarea de analizar y sistematizar los factores criminógenos que promueven o facilitan la criminalidad corporativa, como condición de posibilidad para su correcta prevención; (ii) y, en segundo lugar, al análisis normativo de qué es lo que se imputa como delito a la organización y a sus miembros individuales. El objetivo es mostrar que, igual que la teoría de la imputación individual necesitó de las aportaciones de otras ciencias como la filosofía moral, la antropología o la psicología para perfeccionarse, la teoría de la imputación de responsabilidad colectiva/organizativa debe nutrirse, en igual medida, de los conocimientos de la sociología, la psicología y la criminología de las organizaciones, sobre los cuales aquí se ofrece una aproximación.

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4.19  
Criterios para la autoría del delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del CP español)
Patricia Gallo 29/10/2019

En el presente trabajo se analiza el criterio seleccionado por el legislador para determinar al sujeto activo del delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 CP español). Se exponen también las razones por las que ese criterio no resulta adecuado y se desarrollan los parámetros a los que debería responder de lege ferenda la autoría del delito mencionado, teniendo en cuenta las especiales características del ámbito de las actividades laborales y sus riesgos inherentes.

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