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Casos difíciles de estado de necesidad desde la perspectiva filosófico-moral y jurídicopenal

Son casos de estado de necesidad complejos aquéllos en los que el autor comete un delito de homicidio para salvar un número mayor de vidas humanas. La autora utiliza tres ejemplos muy citados en la doctrina: el caso del guardaagujas; el homicidio de un ser humano para transplantar sus órganos a varios pacientes necesitados de órganos; el derribo de un avión secuestrado por terroristas. En primer lugar, hay que preguntarse si entra en consideración una justificación (conforme al § 34 Código penal alemán, estado de necesidad justificante). A este respecto, la cuestión esencial es el instrumentario analítico, esto es, la pregunta de cómo se pueden sistematizar los argumentos. Hay que decidir entre tres perspectivas: la perspectiva neutral respecto a quien actúa y respecto a la víctima (que subyace, por ejemplo, a los cálculos utilitaristas), la perspectiva centrada en quien actúa (la cual evalúa la situación del autor) y una perspectiva centrada en la víctima (la cual acentúa los derechos de defensa de esta última). En segundo lugar, se estudia en qué circunstancias entra en consideración una exculpación. La autora llega a la conclusión de que en caso de difíciles dilemas morales hay que admitir un estado de necesidad disculpante también más allá de los estrictos presupuestos del § 35 Código penal alemán.

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El trabajo analiza, dentro de la regulación del CP de 1995 de los delitos societarios, todos los elementos, objetivos y subjetivos, del tipo delictivo de la administración desleal societaria del art. 295, repasando críticamente las diversas posiciones doctrinales con respecto al bien jurídico, que se mantiene en este trabajo que es doble, del sujeto activo y de las modalidades comisivas, ofreciendo interpretaciones de sus elementos desde nuevos planteamientos, que influyen en la delimitación de los casos comprendidos en el tipo y en las relaciones concursales con la apropiación indebida. Defendemos la posición no mayoritaria de que en algunos casos excepcionales la comisión omisiva es equiparable a la activa tanto en la disposición de bienes como en la asunción de obligaciones perjudiciales. Se examina, lo que no está muy tratado en la doctrina española, la posible concurrencia de causas de justificación o exclusión de la tipicidad, como el consentimiento, el riesgo permitido en los negocios de riesgo o la insignificancia. En cuanto a la relación concursal con el delito de apropiación indebida, se fundamenta y sostiene, a diferencia de la doctrina y jurisprudencia dominantes, que no hay concurso de leyes o de normas, sino concurso de delitos, normalmente ideal.

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Por desgracia la tortura vuelve a estar de moda. Aunque se trata de una medida que se ha legitimado en el pasado para luchar contra el terrorismo, dicha cuestión ha reaparecido a raíz de los atentados del 11-S en países en los que la controversia parecía zanjada. En concreto, su debate es especialmente intenso en los EEUU, donde, además de discutirse el denominado "caso de ticking bomb", ha sido habitual el uso de técnicas degradantes como método de castigo, en la denominada "guerra contra el terror". En este trabajo, pues, se pretende poner de relieve el ayer y el hoy de esta práctica, y, sobre todo, analizar si en algunos supuestos la tortura podría justificarse con base en las eximentes genéricas del Derecho penal, especialmente, la legítima defensa.

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Los organismos internacionales, la jurisprudencia, la doctrina especializada y la prensa se refieren con la denominación genérica "blanqueo de capitales" a conductas de muy diversa índole y trascendencia criminológica y jurídica. Sólo algunas de ellas constituyen, sin embargo, blanqueo de capitales en sentido estricto. Sólo el blanqueo en sentido estricto permite al delincuente disfrutar de su botín y obtener de él ulteriores rendimientos sirviéndose con tranquilidad de las entidades e instituciones del sistema económico porque, a diferencia de otros comportamientos, confiere al origen de los fondos y bienes procedentes del delito la apariencia de licitud. Este trabajo, que constituye tan solo la primera fase de una investigación en curso mucho más ambiciosa, orientada hacia el estudio desde las perspectivas dogmática y político-criminal del Derecho Penal vigente, pretende llevar a cabo una cuidadosa caracterización de los diversos procedimientos de blanqueo, mediante la cual podamos determinar cuándo unos fondos de procedencia delictiva consiguen integrarse a todos los efectos en el sistema económico lícito. Se rechaza el modelo analítico utilizado por el GAFI y se formula una propuesta de reorganización de las tipologías de los modos de introducción de fondos procedentes del delito en el tráfico jurídico. Sobre esta base se determinan los rasgos que caracterizan al blanqueo de capitales stricto sensu y se establece un patrón al que ha de ajustarse toda conducta que reciba tal denominación.

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Recensión a Mark A. Zöller, Terrorismusstrafrecht, Heidelberg (C.F. Müller) 2009, 758 págs.

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Un análisis sistematico de la compleja relación entre jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional

El siguiente estudio pretende ofrecer un análisis sistemático del test o examen de complementariedad del artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este test es objeto de mucha controversia en la doctrina, encontrándose sus contornos precisos todavía en la fase de elaboración. En primer lugar, se debe señalar que el test es un proceso en curso y permanente (1). Se refiere tanto al análisis de una situación como al de un caso concreto que se deriva de una situación, consistiendo en varias conductas (2). En cuanto al test de complementariedad propiamente como tal, se debe hacer una distinción entre, por un lado, complementariedad stricto sensu, conforme al art. 17 (1) (a)-(c), (2) y (3) y por otro lado, un umbral adicional de gravedad, según el art. 17 (1) (d). De este modo, la complementariedad en sentido estricto solo se torna relevante si la respectiva situación o el respectivo caso es, en primer lugar, lo suficientemente grave. Parece lógico, por tanto, examinar primero la gravedad suficiente (3). Una vez que el estándar de gravedad sea satisfecho, se debe examinar la complementariedad stricto sensu (4), distinguiendo entre admisibilidad por inactividad total del Estado (4.1), inadmisibilidad por actividad del Estado (4.2) y admisibilidad por falta de voluntad o incapacidad (4.3). En las conclusiones se resumen los resultados del estudio (5).

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Este trabajo trata de analizar la conexión entre los delitos de peligro y los resultados lesivos a la hora de determinar si la imprudencia es grave o leve. Especialmente en el ámbito de la actividad laboral. Se mantiene la tesis de que la imprudencia siempre será grave cuando el resultado lesivo sea imputable a una acción tipificada como delito de peligro. Se analiza la posible relevancia de la conducta descuidada del trabajador en aras a poder rebajar la imprudencia grave del empresario a leve.

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La deconstrucción de las medidas de seguridad muestra los diversos principios que subyacen a éstas, pero también la ineficiencia de las comprensiones imperantes. Se justifican costes iusfundamentales con razones que no alcanzan para ello y se omiten que a las mismas subyacen, primeramente, razones relativas al principio de libertad.

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