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  Revista para el Análisis del Derecho Nº3 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inicio Abogares
 
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2.01  
Prevención y derecho de daños
Pablo Salvador Coderch
Juan Antonio Ruiz García 30/03/2001

Las reglas legales sobre la fijación de la cuantía de las indemnizaciones de daños y perjuicios, así como sus desarrollos jurisprudenciales constituyen un tema recurrente en estas páginas: a continuación, el lector de InDret encontrará dos reseñas a sendas sentencias del actual Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal Constitucional alemán federal sobre esta polémica cuestión.

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1.14  
Presente y futuro del delito de alteración de precios (art. 284 Cp)
Albert Estrada Cuadras 27/01/2014

En una economía de libre mercado como la que rige en España, el precio de las cosas y de los servicios objeto de la contratación (ambos entendidos en un sentido amplio) cumple una función crucial en el proceso de asignación y redistribución de los recursos existentes entre los miembros de nuestra sociedad. El Código penal vigente en España protege los sistemas de fijación de los precios a través, entre otros, del delito de alteración de los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia (art. 284 Cp). Las siguientes líneas se dedican al análisis crítico de las conductas típicas penalmente relevantes de acuerdo con el tenor literal vigente de esta figura delictiva. Con la misma perspectiva se examinan la oportunidad y contenido de la reciente propuesta de la Comisión Europea, de 20 de octubre de 2011, de criminalización imperativa y armonizada de determinadas formas de manipulación de precios en el ámbito de los mercados financieros (COM(2011) 654 final).

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4.17  
Posiciones de garante frente al acoso escolar
Carolina Bolea Bardon 26/10/2017

¿Responden penalmente los padres y docentes que no impiden el acoso?

El presente trabajo pretende abordar algunos de los problemas jurídicos que plantea el acoso escolar, concretamente, los vinculados a las posiciones de garantía. Se trata de un fenómeno que, sin ser de nueva aparición, ha despertado una considerable alarma social, a lo que han contribuido los medios de comunicación y el aumento en los últimos años del número de denuncias. La falta de regulación expresa de esta modalidad de acoso no ha impedido a la jurisprudencia condenar a los autores de bullying por un delito contra la integridad moral. Cuestión distinta es si el castigo de los menores autores de acoso escolar excluye una posible responsabilidad civil e incluso penal de los padres y docentes por infracción de sus deberes de vigilancia y control. En la jurisdicción civil existen numerosas sentencias que condenan a los padres y a los centros docentes, siempre que la conducta delictiva de acoso se haya producido dentro del centro y durante el horario escolar. Por vía penal, aunque de momento no ha habido ninguna condena, cabe destacar la revocación por parte del AAP Cáceres 2ª (jur. Penal), 68/2016, 9-02, de la resolución que decretaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones que atribuían a las querelladas (directora, tutora y psicóloga del centro) la comisión de un atentado contra la integridad moral por hallar indicios de delito en su conducta.

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1.07  
Subcontratación en la construcción y responsabilidad en cadena
M. del Carmen González Carrasco 26/01/2007

La subcontratación, expresión de la libertad de empresa plasmado en el art. 38 CE, aporta inestimables ventajas al proceso constructivo: permite una mayor especialización de los trabajadores de la construcción, fomenta la creación de empleo en pequeñas y medianas empresas y es capaz de garantizar la rentabilidad de la inversión en nuevas tecnologías. Pero junto a las anteriores virtudes, es indudable que, como pone de manifiesto la Exposición de Motivos de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación, en el sector de la construcción 1 , el exceso en la longitud de la cadena de subcontrataciones dificulta el control y la transmisión de órdenes en fase de ejecución por la participación de empresas sin estructura organizativa, exprime y agota los márgenes empresariales incentivando el trabajo sumergido en los últimos eslabones y reduciendo la calidad de lo ejecutado y la seguridad de los trabajadores. Esto va a influir decisivamente en la responsabilidad del resto de agentes de la edificación, tanto más cuanto éstos pertenezcan a la dirección facultativa y por lo tanto tengan atribuciones de control de ejecución, certificación de obras y aprobación de planes de seguridad y su seguimiento. Y tanto más cuanto más inmediata sea la relación establecida por la Ley entre las obligaciones de estos agentes y los ejecutores materiales de cada parte de la obra. Las siguientes reflexiones están dedicadas a explicar por qué era y sigue siendo necesario regular de forma más detallada la actividad de la subcontratación en las obras de construcción.

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4.10  
¿Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales privados? Una comparación de la cultura jurídica de Estados Unidos y España
Elena Larrauri Pijoan
James B. Jacobs 01/11/2010

En este estudio comparativo se aborda el tema de la publicidad de los antecedentes penales. El objetivo es entender los principios jurídicos que fundamentan el que los antecedentes penales sean tratados en España como una cuestión privada, habida cuenta que el proceso penal es público y las sentencias también y contraponerlo al sistema norteamericano en el que de sus principios jurídicos de un proceso público, control judicial y libertad de expresión se deriva inexorablemente la publicidad de los antecedentes penales. Para ello se exponen seis sentencias de los tribunales españoles, y una Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, referidas al acceso a las sentencias y publicidad y se muestra cuál hubiera sido su hipotética resolución en Estados Unidos.

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1.04  
Juan Ramón Romo v. Ford Motor Co.: Indemnización sancionatoria a la baja
Pablo Salvador Coderch
Albert Azagra Malo 13/01/2004

Comentario a la Sentencia de la Court of Appeal of the State of California, Fifth Appellate District de 25.11.2003

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2.12  
Pérdida del control sobre el riesgo creado y terminación del delito intentado
Antoni Gili Pascual 26/04/2012

La pregunta acerca de la posibilidad de quedar impune por el delito intentado una vez que el autor ha perdido el control sobre el riesgo creado con la tentativa no es contestada por la Ley, y ha sido doctrinalmente cuestionada. Para buscar la respuesta, este artículo revisa desde la fundamentación del desistimiento la posible utilidad de las clasificaciones doctrinales ya existentes, apuntando las conclusiones hacia la necesidad de un concepto objetivo de terminación del delito intentado.

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2.04  
Diez libros de Derecho penal (1989- 2003)
Jesús-María Silva Sánchez 31/03/2004

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Artículos del 49 al 56 de un total de 196
 
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