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  Revista para el Análisis del Derecho Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inicio Abogares
 
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4.07  
Régimen jurídico de las sociedades profesionales tras la publicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo
Luis Jiménez-Asenjo Sotomayor 22/10/2007

El ejercicio de las profesiones liberales, llamadas por algunos autores profesiones intelectuales, mediante el uso de sociedades como forma jurídica ha encontrado tradicionalmente una serie de obstáculos que han hecho difícil su encaje en nuestro ordenamiento jurídico. La recientemente publicada Ley de sociedades profesionales viene a colmar una laguna, aportando toda una serie de normas de derecho societario y también sobre el régimen de responsabilidad civil en las sociedades profesionales, que era demandada por buena parte de la doctrina que ha estudiado la materia. En el presente artículo se pretende hacer una exposición de los antecedentes que han motivado la aparición de la norma, un breve resumen de su contenido y, finalmente, una especial referencia al régimen de responsabilidad y las pólizas de seguro que cubren dichos riesgos. El objetivo del artículo no es ofrecer una visión exhaustiva sobre las sociedades profesionales y su régimen legal sino una primera aproximación al lector interesado y posiblemente afectado a raíz de la nueva Ley.

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4.14  
Deberes de eficiencia y libertad de actuar
Pablo Salvador Coderch
Antoni Terra Ibáñez
Alberto Vega García
Anna Ginès i Fabrellas
Sergi Gálvez Duran 23/10/2014

En este trabajo, sus autores plantean la cuestión de si el derecho —el parlamento, el gobierno, los jueces— puede imponer, a individuos y a empresas, cargas, deberes u obligaciones de alcanzar o de mantener niveles determinados de eficiencia económica. Para responder a ello, los autores parten de dos conocidas distinciones: la primera, de naturaleza económica, es la que media entre beneficio contable y beneficio económico; y la segunda, de naturaleza jurídica, es la que se establece entre reglas y principios. A continuación analizan casos del derecho civil, fiscal, laboral y mercantil español en los cuales la cuestión planteada se ha resuelto afirmativamente. La mayor parte de los casos regulados por reglas se refieren a propietarios de inmuebles que se encuentran en situaciones precisamente definidas, mientras que, en los supuestos sujetos a principios, el derecho impone deberes de eficiencia a individuos u organizaciones cuyas actividades o funciones son muy generales: ex cónyuges, trabajadores, contratantes, gestores y administradores de compañías mercantiles. Las dos tesis principales defendidas en este trabajo son, en primer lugar, que el derecho puede ciertamente imponer deberes generales y omnicomprensivos de eficiencia mediante principios como, señaladamente, el de buena fe. En cambio, aunque el derecho puede también imponer deberes de eficiencia mediante reglas, estas han de ser suficientemente precisas y aplicarse a casos concretos, pues, por razones económicas y jurídicas analíticamente fundadas y contrastadas por la experiencia histórica, no resulta económicamente viable ni jurídicamente admisible dictar y aplicar reglas generales u omnicomprensivas que obliguen a individuos y a empresas comportarse eficientemente o de un modo que el parlamento, el gobierno, o los tribunales afirmen que es más eficiente que otro.

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2.13  
Proceso penal y delitos de corrupción
Jordi Nieva Fenoll 25/04/2013

(Algunas bases para la reforma estructural del proceso penal)

La actual configuración del proceso penal no es eficiente para enfrentarse con los delitos de corrupción. Los mismos se demoran porque suponen instrucciones muy complejas a causa del elemento clandestino y puntual, aunque muy prolongado en el tiempo, de las acciones delictivas investigadas, así como de la gigantesca documentación que implican. Por otra parte la formación de los jueces es muy deficitaria en el Derecho sustantivo relacionado con los casos de corrupción. Además, se producen unas incomprensibles reiteraciones entre la instrucción y el juicio oral que debieran ser evitadas. Partiendo de la superación de la configuración decimonónica del proceso penal, cuyas razones esenciales se presentan con claridad, se realiza una propuesta de reforma que supone una alternativa muy novedosa a la ineficaz estructura presente del enjuiciamiento penal.

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2.03  
Los efectos de la prescripción en el derecho civil de Cataluña
Josep Ferrer Riba 25/04/2003

La aprobación de la primera ley del Código civil de Cataluña (Ley 29/2002, de 30 de diciembre) ha renovado en profundidad el derecho catalán de la prescripción extintiva, dotándolo de un marco institucional completo. En este artículo examino cómo se regulan en ella algunos de los tópicos que suelen tratarse como "efectos de la prescripción": la extinción de las pretensiones y sus consecuencias, la compensación de deudas prescritas y la incidencia de la prescripción en las garantías. En este último ámbito, analizo el alcance y las repercusiones que tendrá, en los planos sustantivo y registral, el seguimiento estricto del principio de accesoriedad, de acuerdo con el cual la extinción por prescripción de una pretensión principal se extiende a las accesorias. Para el tratamiento de estos temas –que no han encontrado en el nuevo código la completud y el grado de desarrollo normativos que seguramente habrían sido deseables– he partido de los principios de certeza de las relaciones jurídicas y de seguridad del tráfico que fundamentan el instituto de la prescripción y he tenido en cuenta la concepción jurídico-positiva que ha seguido el legislador catalán, la legislación y la doctrina españolas sobre garantías y algunas propuestas y realizaciones normativas remarcables en el derecho europeo contemporáneo.

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4.02  
Utah v. Evans
Carlos Gómez Ligüerre 14/10/2002

El pasado 20 de junio, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América (www.supremecourtus.gov) resolvió la reclamación que el Estado de Utah había presentado contra Donald L. Evans, secretario de la Oficina de Comercio del Gobierno de ese país y máximo responsable de la Oficina del Censo (www.census.gov). El caso, Utah vs. Evans, despertó una encendida polémica en el máximo órgano judicial de la primera nación del mundo y evidencia algo que, a estas alturas, no será una sorpresa para los lectores habituales de InDret: la mayoría de los problemas que afectan a los hombres y las mujeres de las sociedades modernas ya no pueden resolverse con las herramientas del análisis jurídico clásico. El jurista necesita una formación en otras ciencias sociales, señaladamente la economía, que le permita dar respuesta cabal a problemas como el que plantea el caso que ahora comentamos.

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4.01  
Relaciones familiares y límites del derecho de daños
Josep Ferrer Riba 10/10/2001

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2.16  
El delito, ¿lesión de un bien jurídico?
Michael Pawlik 22/04/2016

La afirmación según la cual el Derecho penal sirve a la protección o aseguramiento de bienes jurídicos goza de un reconocimiento prácticamente unánime en la discusión jurídico-penal actual. Consiguientemente, el concepto material de injusto penal se define, en esencia, como la lesión de un bien jurídico. El presente trabajo pretende poner en cuestión esta extendida comprensión para, acto seguido, sentar las bases de una concepción del injusto penal alternativa, basada en la figura de la persona en Derecho y su competencia jurídico-penal por la indemnidad de concretos intereses ajenos.

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1.01  
Anotaciones al Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero
Fernando Gómez Pomar
Begoña Arquillo Colet 18/01/2001

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