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  Revista para el Análisis del Derecho Nº3 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inicio Abogares
 
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3.13  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre-novembre 2012)
Miriam Anderson 19/07/2013

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’octubre i de 28 i 29 de novembre de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 10 d’octubre de 2012 (la propietat horitzontal com a règim imperatiu quan els elements que se segreguen comparteixen amb l’edifici molt més que el sòl o les parets mitgeres), 28 de novembre de 2012 (establiment d’una prohibició de disposar sobre béns propis) i 29 de novembre 2012 (la impugnació d’una qualificació positiva no té cabuda al recurs governatiu).

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3.13  
El derecho a la “convivencia anómica en pareja”: ¿Un nuevo derecho fundamental?
Miquel Martin Casals 19/07/2013

Comentario general a la STC de 23.4.2013 (RTC 201393)

Tras la bendición constitucional del matrimonio homosexual llevada a cabo por la STC 198/2012, de 6 de noviembre, era previsible que el Tribunal Constitucional empezara pronto a ocuparse de la constitucionalidad de las leyes autonómicas de parejas de hecho. Y así lo ha hecho con la STC 81/2013, de 11 de abril, relativa a la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, más centrada en la falta de competencias en materia civil de dicha Comunidad Autónoma y, pocos días después, con la STC 93/2013, de 23 de abril, que deroga total o parcialmente 9 de los 13 artículos de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables y que es la que aquí se comenta. El comentario se refiere muy brevemente a la cuestión de la competencia legislativa y analiza con algo más de detalle cuáles son los modelos de regulación de la pareja de hecho que pueden encontrarse en el ámbito comparado y cuáles han inspirado la legislación impugnada. También se detiene en el significado y alcance del principio de libre desarrollo de la personalidad establecido en el art. 10.1 CE y en cómo el Tribunal Constitucional podría haber creado, a partir de ese principio, un nuevo derecho fundamental a “la convivencia anómica en pareja” que proclamaría, no tanto el derecho de las partes a regirse por las normas que pacten en el ejercicio de su autonomía de la voluntad como, especialmente, el derecho a no regirse por norma alguna. Ello impediría al legislador, incluso estatal y so pena de inconstitucionalidad, establecer normas cuya “operatividad” no dependa de que los miembros de la pareja las “asuman conjuntamente”. Con ese criterio el Tribunal introduce al parecer un peculiar nuevo modelo de regulación de asunción individualizada (single-opt-in), de dudosa coherencia y sin parangón en el ámbito comparado, que tiene poco que ver con los internacionalmente contrastados “opt-out agreements” o acuerdos que permiten la exclusión de la ley aplicable.

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3.13  
Comprobar, imputar, valorar: reflexiones semánticas sobre la fundamentación de sentencias penales y la posibilidad de su revisión jurídica
Ingeborg Puppe 19/07/2013

Una sentencia judicial se distingue de un acto de poder solamente por que el juez debe fundamentar su decisión. Los enunciados jurídicos pueden fundamentarse y las afirmaciones sobre hechos también, en la medida en que éstas se prueban. La jurisprudencia admite las así llamadas “preguntas-habría”, cuando hace depender la punibilidad de una persona de la pregunta acerca de cómo otra persona se habría comportado de haberse encontrado en una situación en la cual nunca ha estado, por ej. cuando esta persona hubiere sido informada correctamente por otra. Estas “preguntas-habría” no son verificables. Existe una diferencia fundamental entre circunstancias con las cuales se fundamenta una afirmación sobre hechos –los así llamados indicios- y afirmaciones fácticas con las cuales se fundamenta la valoración de un hecho. Estas últimas son parte integrante del juicio de valor y, en esa medida, quedan sometidas en tanto que valoración judicial a la revisión jurídica en sede de casación o nulidad. En base al ejemplo del dolo eventual, el “aprobar” o “contar con” del autor con el resultado no puede considerarse un hecho interno, que se comprueba aplicando los criterios desarrollados por la jurisprudencia del BGH en una valoración conjunta. Más bien se trata aquí de un concepto valorativo y, en los criterios del dolo, de las circunstancias a valorar. El “aprobar” o “contar con” el resultado más bien se imputa al autor en base a una consideración y valoración conjunta de todas las circunstancias del caso concreto.

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3.13  
Testimonio único y principio de la duda
Marcelo Alberto Sancinetti 19/07/2013

La pregunta capital de este trabajo atañe a la cuestión de si es compatible con el principio de igualdad y con la presunción de inocencia el que una sentencia condenatoria sea basada exclusivamente en los dichos de un solo testigo. En este contexto, el artículo analiza el requisito de la “convicción subjetiva” –exigido por la doctrina dominante como presupuesto de la condena penal– y lo contrapone a la exigencia de una fundamentación objetivamente racional de la sentencia. Además, se trata la cuestión de si la psicología experimental de la actualidad puede suplir el déficit de fundamentación de una sentencia basada en la mera creencia en la palabra del testigo.

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3.13  
Sobre la argumentación con principios en el discurso jurídico penal
Fernando Guanarteme Sánchez Lázaro 19/07/2013

En el discurso mayoritario, las alusiones a principios muestran un importante déficit teórico normativo. Se alude a estos, adscribiéndoles funciones, sin haber precisado previamente su estructura normativa, significado o forma de aplicación. Con carácter general, la estructura normativa de los principios condiciona su funcionalidad. Y en esta no siempre se tiene presente su significado o criterios racionales de aplicación. Tales carencias preocupan particularmente, en el marco de una praxis arbitraria, de importantes costes iusfundamentales. A todo ello subyace el déficit en el análisis y evaluación de nuestras formas de argumento, esto es, la carencia de una teoría de la argumentación.

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3.13  
Regulaciones de excepción y prohibición de analogía
Juan Pablo Montiel 19/07/2013

El artículo trae al ámbito jurídico-penal la tradicional discusión de la metodología jurídica sobre la conexión entre la prohibición de analogía y las regulaciones excepcionales. En primer lugar, se cuestiona la idea fuertemente asentada en la metodología jurídica tradicional, según la cuál las regulaciones de excepción no pueden ser extendidas por analogía en ningún caso. En segundo lugar, se esboza un concepto de “regulación excepcional en el Derecho penal”, tomando como referente el sistema de eximentes y su desarrollo histórico en la dogmática.

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3.13  
Possibilities and limits of environmental criminal protection
Joan Baucells Lladós
Benoît Petit 19/07/2013

Reflections on the Erika and Prestige cases (or how an organized irresponsibility system carries on)

En muy poco tiempo de diferencia Francia y España vivieron los dos desastres de contaminación marítima más graves de su historia. Pese a los parecidos fácticos de ambos accidentes y a pesar que ambos países tienen una normativa ambiental armonizada, muy distintas han sido sus soluciones jurídicas. El análisis de los casos Prestige y Erika desde una perspectiva comparada permite a los autores reflexionar sobre las posibilidades y los límites de la protección penal del medio ambiente y mostrar la indignación contra un sistema legal global que establece una irresponsabilidad organizada para la contaminación marítima.

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3.13  
El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio
Constanza Di Piero 19/07/2013

Recensión a MIRÓ LLINARES, F., El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio, Madrid, 2012, 332 páginas.

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