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  Revista para el Análisis del Derecho Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inicio Abogares
 
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3.12  
Incapacidad, separación y divorcio: la reconstrución de la voluntad presunta
Nicola Orlando 23/07/2012

Este comentario analiza la capacidad para separarse legalmente o divorciarse de aquellas personas que han dejado de ser capaces de autogobernarse tras el matrimonio, tanto en el ordenamiento jurídico español como en el italiano.

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3.12  
Recensión bibliográfica: J. MONTERO AROCA (Coord.) (2011), Proceso civil e ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Moción de Valencia (2006). Declaración Azul (2008), 2ª e
Cristina Alonso Salgado 23/07/2012

El debate publicismo vs. garantismo procesal sigue vivo en la doctrina española. La presente obra es una buena prueba de ello. ¿Cuál debe ser el papel jugado por el Juez en el proceso civil? ¿Y el papel de las partes? La respuesta a estas preguntas constituye el centro neurálgico de una polémica que a la luz de los posicionamientos manifestados en el libro del Profesor Montero Aroca, aún no está resuelta.

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3.12  
Competencia resolutoria del Secretario Judicial en el actual marco normativo de la jurisdicción voluntaria
Javier Ángel Fernández- Gallardo Fernández- Gallardo 23/07/2012

Pese a la falta de aprobación de una Ley de jurisdicción voluntaria que materialice la atribución de la resolución de determinados expedientes en esta materia al Secretario Judicial conforme a lo prevenido en el art. 456 LOPJ, entendemos que en la actualidad existe una base normativa suficiente para fundamentar la facultad resolutoria de dicho Funcionario público en los expedientes de jurisdicción voluntaria en los que no se vean afectados menores, incapaces o derechos fundamentales. Por ello en las líneas que siguen trataremos de exponer los argumentos que justifican que el Secretario Judicial pueda dictar decretos resolutorios en esta materia, pese a existir una amplia posición doctrinal y jurisprudencial en sentido contrario.

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3.12  
La mediación y las medidas cautelares
Vicente Pérez Daudí 24/07/2012

El artículo 10.2. inciso segundo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles prevé la adopción de medidas cautelares durante la pendencia del procedimiento de mediación. En este trabajo se analiza la relación entre las medidas cautelares y la mediación. Concretamente planteo la posibilidad de adoptar medidas cautelares de forma previa al inicio del proceso judicial y los efectos del inicio del procedimiento de mediación. A continuación se desarrolla la adopción de medidas cautelares durante la pendencia del procedimiento de mediación. Finalmente estudio los efectos de la finalización del procedimiento de mediación sobre las medidas cautelares ya adoptadas y respecto de una nueva solicitud.

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3.12  
Libertad, culpabilidad y neurociencias
Diego-Manuel Luzón Peña 24/07/2012

Es permanente la discusión de si es posible un concepto de culpabilidad como reprochabilidad basada en la libertad del sujeto o si por el contrario no se puede mantener tal concepto de culpabilidad porque la libertad humana no existe o no es demostrable en el caso concreto. Esta última posición, defendida siempre por los deterministas, se refuerza en los últimos tiempos por las tesis de las neurociencias. El trabajo rechaza estas posiciones, que afirman que la actuación del hombre está sometida, como todo en la naturaleza, a la ley de la causalidad ciega y que es un espejismo creer que podemos tomar racionalmente decisiones libres; y defiende por el contrario la posibilidad y conveniencia de que la culpabilidad como último elemento del delito se entienda como reprochabilidad basada en la libertad del hombre en condiciones normales. Pues el Derecho y la Constitución en España como en tantos otros países parten de la libertad humana y el libre desarrollo de la personalidad como axioma o aserto jurídico indiscutible, que a su vez se basa en la autoconciencia que las sociedades y los individuos tienen de sí mismos como seres libres y responsables.

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3.12  
El primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis integral de las cuestiones jurídicas
Kai Ambos 23/07/2012

El 14 de marzo de 2012, la Sala de Primera Instancia I (en adelante, la Sala) de la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI o la Corte) dictó el muy ansiado primer fallo de la Corte (en adelante, el fallo); el 10 de julio Lubanga fue condenado a 14 años de prisión. Este comentario se enfoca exclusivamente en las cuestiones jurídicas que fueron abordadas en el fallo pero pretende hacerlo de manera integral. Los siguientes cinco temas, junto con sus respectivas cuestiones jurídicas, serán abordados críticamente: la definición y participación de las víctimas; la presentación y valoración de las pruebas; la índole del conflicto armado; el crimen de guerra de reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años (artículo 8(2)(e)(vii) del Estatuto de la CPI); y por último, si bien no menos importante, la coautoría como modo de responsabilidad, incluyendo el elemento subjetivo (artículos 25, 30). A pesar de que este artículo sigue el orden del fallo para la conveniencia del lector y para mejor capturar la secuencia argumentativa del mismo, la extensión y profundidad del análisis que se haga de cada uno de los temas, así como de sus respectivas cuestiones jurídicas, dependerán de su importancia para la jurisprudencia futura de la Corte al igual que del convencimiento que genere el tratamiento que la Sala misma haga del asunto. Este artículo concluye con algunas observaciones generales sobre aspectos relativos a la redacción, la presentación y sobre la citación de referencias.

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3.12  
¿Restrictivo o deferente? El control de la ley penal por parte del Tribunal Constitucional
Juan Antonio Lascuraín Sánchez 23/07/2012

Veinticinco leyes penales han sido objeto de control de constitucionalidad. Como ilustra la jurisprudencia constitucional sobre el principio de proporcionalidad, en esta labor el Tribunal Constitucional ha sido un tribunal restrictivo en la interpretación del marco constitucional penal pero deferente en el juicio final de inclusión de la norma en dicho marco. Además de razones de convicción, existen razones prácticas para esta deferencia, de la que las sentencias interpretativas son expresión: evitar la desprotección social que comportaría la anulación de una norma penal cuya inconstitucionalidad no sea plena.

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3.12  
¿Es justa la demanda de cárcel efectiva para los represores mayores de setenta?
Juan Iosa 23/07/2012

El trabajo revisa el instituto de la prisión domiciliaria con particular atención respecto de la situación de los imputados o condenados mayores de 70 años y miembros del aparato represivo del Estado durante la última dictadura militar en Argentina. Evalúa si la demanda de las agrupaciones argentinas de derechos humanos de cárcel efectiva (i.e. denegación del beneficio de prisión domiciliaria) para estos represores es conforme con el derecho argentino. Sobre la base de un análisis de tres interpretaciones de la normativa que regula la prisión domiciliaria, el trabajo muestra por qué los jueces no deben hacer lugar a dicha demanda.

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Artículos del 89 al 96 de un total de 1502
 
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